Pese a la política negacionista y apologista del terrorismo de Estado que encarna el Gobieno de Javier Milei, Mendoza cierra el 2025 consolidándose con tres hitos en materia de Memoria, Verdad y Justicia: el avance de la Megacausa D2, la captura de un represor que eludió la justicia por más de una década y, fundamentalmente, la decisión inédita de sentar en el banquillo a un acusado ausente, el excapellán del Ejército, Franco Reverberi Boschi, refugiado en Parma por el Vaticano.
Informe Explícito: el capellán que supervisaba torturas con la sotana y armado
Reverberi, refugiado en Italia por el Vaticano
El caso del ex capellán militar Franco Reverberi Boschi ha tomado un giro histórico que trasciende las fronteras mendocinas. Tras años de negativas por parte de la justicia italiana para conceder su extradición, el Juzgado Federal de San Rafael aplicó por primera vez en la provincia la Ley 27.784. Esta normativa, sancionada en 2023, permite la prosecución del juicio penal en ausencia para quienes, conociendo las acusaciones, eluden voluntariamente la ley.
Reverberi Boschi, quien fuera capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII, huyó del país en 2011, justo cuando los testimonios del primer juicio de lesa humanidad en Mendoza comenzaron a señalar su responsabilidad en el centro clandestino “La Departamental”. Hoy, su proceso es un mensaje político y social: el paso del tiempo y el refugio en el exterior ya no son salvoconductos para quienes están acusados de presenciar sesiones de tortura y participar en asesinatos.
El fin de la clandestinidad para un "fantasma" de la inteligencia
A este escenario se suma una captura de alto impacto que oxigena las causas locales: la de José Luis Piedra, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército. Piedra permaneció prófugo durante más de doce años, desde que se fugó en 2013 al conocer su imputación. Su detención el pasado agosto en Córdoba, gracias a las tareas de localización de la Oficina de Derechos Humanos de Mendoza, cierra un ciclo de impunidad para un hombre acusado de participar en al menos 90 crímenes, incluyendo homicidios, robos y tormentos.
La situación de Piedra refleja una paradoja que el informe 2025 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) resalta con crudeza: la avanzada edad de los imputados. A pesar de la gravedad de sus cargos, Piedra recibió la prisión domiciliaria por su estado de salud, sumándose a una estadística nacional donde el 84% de los detenidos goza de este beneficio, dejando apenas un 4% en cárceles comunes del Servicio Penitenciario.
Detuvieron a un exespía del Destacamento 144 prófugo desde 2013
La Megacausa D2
El 2025 concluye con la Megacausa "Departamento de Informaciones D-2" en pleno desarrollo. Este juicio masivo, que comenzó en agosto de 2023, tiene en el banquillo a 28 exmiembros de la policía provincial por delitos cometidos contra más de 300 personas entre 1974 y 1981. Con 71 víctimas de asesinato o desaparición forzada, el proceso contra la estructura de inteligencia policial mendocina es un pilar fundamental para desarmar el entramado civil y policial de la represión.
Esta persistencia de las fiscalías locales choca a menudo con la realidad nacional que describe el informe anual de la PCCH: un proceso de juzgamiento que muestra signos de agotamiento estructural. A nivel país, de las 706 causas en trámite, el 50% ya cuenta con sentencia. Sin embargo, el informe advierte sobre un cuello de botella preocupante en la etapa recursiva. En promedio, una causa demora 6 años y 2 meses en quedar firme desde que se eleva a juicio. Lo más alarmante es que el tiempo que pasan los expedientes en instancias de revisión (Cámara de Casación o Corte Suprema) ha subido a 4 años y 2 meses, representando la mayor parte de la demora total.
Esta lentitud tiene consecuencias irreversibles: hay más personas investigadas fallecidas (1762) que personas actualmente sentenciadas (1455). De hecho, 1252 imputados murieron en todo el país antes de que la justicia dictara un veredicto.
La deuda de la firmeza y la innovación jurídica
En 2025, solo el 27% de las sentencias dictadas desde 2006 en Argentina tienen confirmación definitiva. Esta "provisionalidad" es la que intentan combatir decisiones mendocinas como el juicio en ausencia a Reverberi Boschi o el impulso de juicios abreviados, que a nivel nacional se duplicaron este año —pasando de 4 a 10— para agilizar los plazos ante el inexorable avance del tiempo.
El panorama nacional muestra un descenso marcado en la cantidad de nuevas condenas —apenas 9 en todo el año, frente a las 58 de 2023—, lo que resalta aún más la importancia de que Mendoza mantenga una agenda activa. La provincia no solo aporta números a la estadística de la PCCH; aporta jurisprudencia y una voluntad política de no dejar caer las causas contra el olvido.
Con un cura que será juzgado desde su refugio en Italia, con un ex agente de inteligencia que perdió su anonimato tras una década de fuga y con la Megacausa D2 desgranando el horror de la policía provincial, Mendoza demuestra que la memoria sigue teniendo la capacidad de innovar y persistir, incluso cuando el calendario y el paso del tiempo parecen jugar en contra.
