A menos de 24 horas de una audiencia clave para definir el destino de dirigentes sociales imputados por protestar en las calles de Mendoza, la Justicia suspendió esa instancia porque la jueza se tomó licencia y la pasó para febrero. Las organizaciones sociales pidieron acompañamiento en estas instancias definitorias para los tiempos que vienen por lo que supone la persecución a la protesta en esta provincia.
La jueza Mirna Moltaldi debía resolver si eleva a juicio al dirigente del Frente de Izquierda - PO, Víctor da Vila y los dirigentes de la Unidad Piquetera Martin Rodriguez, Lorena Torres, Jimena Baez y Ernesto Huerta por participar en protestas contra la caída de planes sociales en el marco de un operativo represivo ordenado por Rodolfo Suarez.
Para los dirigentes sociales sometidos a compulsa judicial por manifestarse supone parte de un mecanismo de "desgaste"y "también es consciente de que nos estamos organizando para dar respuesta a todos sus ataques y persecuciones políticas, y opera de la manera que lo ha hecho siempre,con total arbitrariedad", señalaron desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
"Entendemos que serán muchas las instancias que nos seguirán encontrando en las calles, y haciendo una pequeña lectura positiva de esta situación, hay tiempos legales que podrían beneficiarnos", agregaron.
#No nos encontraremos mañana en el polo judicial, pero seguiremos en contacto para tejer redes que den respuesta a la criminalización y al avance de las políticas represivas", cerró el FOL.
El camino de la elevación a juicio
El pedido de elevación a juicio lo realizó el fiscal Fernando Giunta con el argumento de acumulación de imputaciones por el artículo 194 del código penal, artículo heredado de la dictadura de Ongania. A dos de ellos los mantuvieron una semana en el calabozo y, al darles la libertad, les prohibieron salir del país y participar de nuevas protestas en las calles.
La "reiterancia" es una figura que introdujo Alfredo Cornejo cuando modificó el Código Procesal Penal para meter presos a dirigentes sociales en medio de protestas. Tal como hizo con Roberto Macho (líder de ATE) en plena paritaria en 2022.
El CPP modificado por Cornejo instauró la posibilidad de dictar prisión preventiva "por la reiterancia delictiva que se le atribuya y la pena que se espera como resultado del proceso".
Según indicaron los acusados "se trata de una manipulación judicial y armado de la causa en función de las intenciones del gobierno provincial por profundizar su política represiva y antidemocrática contra los líderes políticos opositores y los dirigentes sociales".
El dirigente del PO Víctor da Vila apuntó: “Intentan ponerme una mordaza judicial para que no se escuche la voz de los reclamos urgentes. He acompañado todo tipo de manifestaciones, de los docentes, de los enfermeros y médicos, de la pelea en defensa del agua y los Ley 7722, de los obreros del vino, de los vecinos de la quinta sección por los problemas en el suministro del agua y por supuesto, de los que más necesidad están pasando que son los compañeros de los barrios y el movimiento piquetero. Creo firmemente que es donde se debe estar cuando hay necesidades”
“Si el gobierno pretende transformar los reclamos populares en delito, estamos en presencia de un reforzamiento autoritario, digno de un tirano. Si el gobierno diera respuesta a las necesidades populares, no existirían protestas sociales. Pero se prepara para profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador. Por eso refuerza su política represiva. Llevándonos a juicio pega un salto en este sentido. concluyó el referente de la izquierda.
Persecución a los que protestan, un clásico en Mendoza
Otro hito en la persecución de quienes protestan en Mendoza es el caso de la asambleísta Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, quien lleva cuatro años transitando los tribunales por manifestarse en las calles junto a miles de mendocinos en defensa de la Ley 7722.
A Moyano se le endilga el delito de "privación de la libertad" de los legisladores que derribaron la 7722 para reemplazarla por la ley del cianuro de Rodolfo Suarez.
En octubre pasado, el fiscal Juan Ticheli (foto) reafirmó la acusación contra Moyano al negar el sobreseimiento en la causa.
Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.
Moyano fue una entre miles de mendocinos que el 17 de diciembre de 2019 participó en Mendoza de una de las protestas históricas en defensa del agua.
