Este jueves 23 la Jueza Mirna Moltaldi deberá resolver si eleva a juicio al dirigente del Frente de Izquierda - PO, Víctor da Vila y los dirigentes de la Unidad Piquetera Martin Rodriguez, Lorena Torres, Jimena Baez y Ernesto Huerta por participar en protestas contra la caída de planes sociales en el marco de un operativo represivo ordenado por Rodolfo Suarez.
Este pedido lo realizó el fiscal Fernando Giunta con el argumento de acumulación de imputaciones por el artículo 194 del código penal, artículo heredado de la dictadura de Ongania. A dos de ellos los mantuvieron una semana en el calabozo y, al darles la libertad, les prohibieron salir del país y participar de nuevas protestas en las calles.
La "reiterancia" es una figura que introdujo Alfredo Cornejo cuando modificó el Código Procesal Penal para meter presos a dirigentes sociales en medio de protestas. Tal como hizo con Roberto Macho (líder de ATE) en plena paritaria en 2022.
El CPP modificado por Cornejo instauró la posibilidad de dictar prisión preventiva "por la reiterancia delictiva que se le atribuya y la pena que se espera como resultado del proceso".
Según indicaron los acusados "se trata de una manipulación judicial y armado de la causa en función de las intenciones del gobierno provincial por profundizar su política represiva y antidemocrática contra los líderes políticos opositores y los dirigentes sociales".
El dirigente del PO Víctor da Vila apuntó: “Intentan ponerme una mordaza judicial para que no se escuche la voz de los reclamos urgentes. He acompañado todo tipo de manifestaciones, de los docentes, de los enfermeros y médicos, de la pelea en defensa del agua y los Ley 7722, de los obreros del vino, de los vecinos de la quinta sección por los problemas en el suministro del agua y por supuesto, de los que más necesidad están pasando que son los compañeros de los barrios y el movimiento piquetero. Creo firmemente que es donde se debe estar cuando hay necesidades”
“Si el gobierno pretende transformar los reclamos populares en delito, estamos en presencia de un reforzamiento autoritario, digno de un tirano. Si el gobierno diera respuesta a las necesidades populares, no existirían protestas sociales. Pero se prepara para profundizar el ajuste sobre el pueblo trabajador. Por eso refuerza su política represiva. Llevándonos a juicio pega un salto en este sentido. concluyó el referente de la izquierda.
A su turno, Martin Rodríguez apuntó que "más de 35 mil niños reciben una ración de comida, solo en los comedores del Polo Obrero en un contexto donde hay casi 100.000 indigentes en la provincia y el 60% de los menores de 18 años está en la pobreza. Claramente estamos en presencia de una masacre social que vulnera los derechos más básicos de los niños, como es poder comer. Pero para el gobierno de la provincia reclamar por trabajo genuino y suministro de alimentos es un delito”.
“Están intentando judicializar la protesta social porque están decididos a ignorar las necesidades de los más humildes y profundizar un ajuste mayor en la provincia, sin represión no puede pasar y nosotros estamos decididos a enfrentarlos", cerró.
Persecución a los que protestan, un clásico en Mendoza
Otro hito en la persecución de quienes protestan en Mendoza es el caso de la asambleísta Nora Moyano, de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, quien lleva cuatro años transitando los tribunales por manifestarse en las calles junto a miles de mendocinos en defensa de la Ley 7722.
A Moyano se le endilga el delito de "privación de la libertad" de los legisladores que derribaron la 7722 para reemplazarla por la ley del cianuro de Rodolfo Suarez.
En octubre pasado, el fiscal Juan Ticheli (foto) reafirmó la acusación contra Moyano al negar el sobreseimiento en la causa.
Ticheli -quien también firmó otras causas contra ambientalistas en esos agitados días de diciembre- fue pieza central para que la jueza Patricia Alonso rechazara, en 2021, el pedido de la defensa de Moyano para que se declarara nula la causa, con lo cual ordenó que siga imputada y se la siga investigando.
Moyano fue una entre miles de mendocinos que el 17 de diciembre de 2019 participó en Mendoza de una de las protestas históricas en defensa del agua.
