Al grito de "fuera las mineras" este jueves los pobladores de Esquel volvieron a salir a las calles contra la megaminería en esa provincia y por el tratamiento del proyecto de Iniciativa Popular.
Este miércoles se conocieron, por un lado, el rechazo de la jueza Alicia Arbilla a la Medida Autosatisfactiva y la decisión de los vecinos de apelar el fallo y la presentación y denuncia de ENDEPA ante la CIDH por la no consulta a los pueblos originarios para avanzar con la extracción de metales.
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La jueza que se desdijo
La jueza Civil, Comercial y Laboral de Esquel, Alicia Arbilla, rechazó la Medida Autosatisfactiva promovida por los vecinos contra la Provincia del Chubut, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, mediante la cual se solicitaba la nulidad de la incorporación del Proyecto de Ley N° 128/20 remitido por el Poder Ejecutivo a la Honorable Legislatura por flagrante inconstitucionalidad.
Arbilla había dispuesto la semana pasada una medida cautelar, pero ahora sostuvo que “las cuestiones vinculadas al proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes y su reglamentación, en principio resultan ajenas a las facultades jurisdiccionales de los jueces, por constituir una atribución propia de los poderes del estado encargados de ello”, señala No a la Mina.
Con respecto a las irregularidades planteadas por los vecinos (falta de consulta al mundo indígena, cuestionamientos en torno a los estudios de impacto ambiental, fraude electoral, entre otros). la jueza señaló que “habiendo recepcionado y analizado la prueba presentada por los mismos actores, entiendo que los elementos aportados resultan insuficientes para hacer lugar a la medida autosatisfactiva en la forma pretendida”.
La abogada de los demandantes, Silvia de los Santos, afirmó que apelará el fallo.
“La jueza entiende que los elementos que aportamos no son suficientes para concluir con certeza, que no cuenta en este estado con un pronunciamiento penal respecto de la falsedad ideológica documental denunciada por Guillermo Velázquez (CONICET) y tampoco si las consultas al mundo indígena cumplen o no con las exigencias de convenios y normas constitucionales”, señaló.
Y agregó: “Vamos a apelar esta decisión por contradictoria. Como necesitaba mayor debate y prueba la jueza escindió el proceso en dos, en una medida cautelar de suspensión y en un proceso de fondo donde vendría la provincia a contestar la demanda, a ofrecer su propia prueba y dar tiempo. Sin embargo, cuatro días después vuelve sobre sus propios pasos, deja sin efecto este desdoblamiento procesal y resuelve la cuestión por cuestiones de forma”.
La no consulta a los pueblos originarios
Tal como ocurre en Mendoza y los pueblos aguas abajo del río Colorado, a quienes no se ha incluído en la consulta obligada por pactos internacionales por la construcción de Portezuelo del Viento, en Chubut el avance de los proyectos megamineros excluye de la participación a las comunidades que se verán afectadas de manera directa.
La Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH el incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de la Provincia del Chubut y el Estado argentino, al ingresar el tratamiento del proyecto de ley provincial de zonificación minera violando el derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios.
Fueron las comunidades mapuche-tehuelches “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría”, quienes denuncian las violaciones al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y solicitan al organismo internacional que adopte las medidas necesaria para poner fin a la violación de los derechos humanos de esas comunidades.
