"La responsabilidad del Estado ha sido debidamente acreditada en autos. Ha existido una omisión antijurídica al no observarse el cumplimiento de una manda legal expresa dispuesta en los Protocolos de actuación del CEO". Con ese párrafo una jueza civil dio la razón a la familia de Florencia Romano: el Estado mendocino tuvo responsabilidad en el desenlace de la historia que llevó a la muerte de la chica de 14 años asesinada a fines de 2020.
No obstante, la conjueza Marina Lilen Sánchez, del Tribunal de Gestión Asociada 3, redujo considerablemente el monto que esperaba la familia en la demanda al Estado: de 300 millones de pesos que esperaba, ordenó pagarle $11.976.520.
La sentencia se conoció poco después de que trascendiera que, como parte de su estrategia ante la demanda, el gobierno de Rodolfo Suarez culpó a la familia "en un 50%" por el femicidio, siguiendo la línea trazada desde el inicio por el entonces jefe de la Policía, Roberto Munives y que luego sostuvo el oficialismo en todas sus líneas, desde el gobernador y el ministro de Seguridad a los legisladores de Cambia Mendoza.
Para el oficialismo, el femicidio de Florencia Romano ya es “cosa juzgada”
Con esa línea argumental, Suarez y sus funcionarios cargaron toda la responsabilidad en la operadora que atendió la llamada del 911 y cortó sin brindar asistencia al vecino que alertó sobre el pedido de auxilio de Florencia. Y pretendieron cerrar el caso cuando se encarceló al femicida.
En su fallo, la jueza determinó en cambio que "se verifica la falta en servicio dado que la agente policial operadora del CEO evidenció una conducta negligente y con impericia al no dar el tratamiento adecuado a la denuncia de la probable comisión de un delito muy 'grave' perpetrado contra una persona a la que el Estado debía proteger (mujer adolescente) y que fuera denunciado con precisiones de tiempo y lugar".
"Asimismo, se verifica en el caso nexo adecuado de concausalidad con el daño que invocan los accionantes en tanto de haberse dado curso a la llamada telefónica, muy probablemente la muerte de Florencia se habría evitado y aún sin que ello ocurriera, podía eludirse la agonía de sus familiares ante el desconcierto sobre su paradero", postuló la funcionaria judicial.
Acerca del pedido económico de los Romano, señaló la conjueza: "Resulta prudente aclarar que el resultado no puede estar alejado de los criterios de ponderación que establecen las normas que rigen el sistema de Responsabilidad civil, y más precisamente al Derecho de daños, que como ya se indicó tiene una finalidad preventiva y resarcitoria mas no sancionatoria".
