En los ocho años de gobierno de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez aumentaron 62% la cantidad de personas presas en las cárceles de Mendoza: pasaron de 3.700 presos en 2015 a 4.600 a fines de 2019. y desde entonces la cifra aumentó a 6.008.
Según los datos oficiales, Suarez metió tras las rejas a más del doble de personas que Cornejo (que encarceló a 900 en cuatro años), a un ritmo más rápido. Es más, una de las razones por la cual el oficialismo buscó la reforma de la Suprema Corte fue para profundizar el encarcelamiento.
Las cifras fueron brindadas por el Gobierno durante una recorrida de Suarez y Cornejo por la cárcel de máxima seguridad Almafuerte II.
Cuando cumplió cuatro meses en el gobierno, Rodolfo Suarez había encarcelado 4.895, según él mismo informó en ese momento en una conferencia de prensa.
Es decir, según los números del gobierno, que Suarez mandó al inicio de su gestión a prisión a 73 personas por mes, imprimiéndole un ritmo mucho mayor a su antecesor a la tasa de prisionalización de Mendoza, que era ya de por sí alta según consta en todos los sistemas estadísticos.
La política punitiva es uno de los hitos del cornejismo. Al dejar el gobierno, el hoy candidato a un tercer mandato ensalzó el aumento de la prisionalización, celebrando incluso el aumento de la prisión preventiva.
El abuso de la prisión preventiva en Mendoza ha sido objeto de cuestionamientos por parte de miembros de la Corte, del CELS, de la Procuraduría de Personas Privadas de Libertad y la Corte Suprema de la Nación.
Cornejo ensalzó la suba de prisiones preventivas y el aumento de 3.700 a 4.600 presos
Eliminación de controles
En un capítulo bochornoso para los DD.HH. en Mendoza, en agosto de 2020 el oficialismo logró que la Legislatura aprobara los cambios en la ley que dio origen a la Ley de creación del Comité de Prevención de la Tortura, recortando la injerencia de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la vigilancia de normas mínimas que eviten tratos crueles y degradantes en lugares de encierro.
Se achicó el Comité de Prevención de la Tortura -creado para control externo, sujeto a estándares como la autonomía e independencia de los demás poderes del Estado- de 12 miembros a 1. El órgano fue creado para la aplicación en Mendoza del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobado por Ley Nacional 25.932.
