Este diciembre se cumplen tres años del intento frustrado de Rodolfo Suarez de imponer la ley del cianuro para derribar la Ley 7722. Fue el bautismo de fuego de su gestión y un baño de realidad con un claro mensaje: el resultado de las urnas no es un cheque en blanco.
Se cumplen también tres años de permanente pugna del mandatario por modificar el escenario de resistencia social a la megaminería, sin éxito, al menos por ahora. Su primer intento, el envío de la ley del cianuro, terminó con una pueblada que fue reprimida con gases y balas para que no quedaran dudas de la postura del Ejecutivo al respecto.
Suarez reprimió con balas de goma y gases a los manifestantes de la Marcha del Agua
Tras el paso en falso -que Suarez dio con el respaldo del PJ- el mandatario morigeró su discurso público, pero no bajó la guardia.
En los caminos formales, Suarez comenzó a pavimentar la senda para el avance de la minería haya o no licencia social, con la reforma de la Corte, la multiplicación de decretos para bajar regalías a las empresas que hagan fracking y la modificación de la currícula escolar para insertar contenidos "minerofriendly", valga la licencia lingüística.
Reforma de la Corte y demandas ambientales
En ese sentido se inscribe la reforma de la Suprema Corte, donde el pleno deberá resolver pedidos de inconstitucionalidad, como el que se tramita contra el decreto de Cornejo que habilitó el fracking y la resolución de Irrigación que cedió agua dulce a la petrolera de Vila y Manzano para hacer fractura hidráulica en el Sur. El pleno, se sabe, es filoradical 4 a 3. Fue el pleno de la Corte, con otros jueces, quien determinó la constitucionalidad de la Ley 7722.
Pendiente: la reforma constitucional que pide el lobby minero
Sin embargo, Suarez no pudo avanzar por el momento con otro reclamo de los empresarios mineros: la reforma de la Constitución, otro de los escollos para avanzar contra la Ley 7722 en municipios como en Malargüe, dándole autonomía para la zonificación.
Según Suarez, la reforma de la Constitución por la cual pretende eliminar bancas legislativas y dar autonomía a los municipios -que tendría la consecuencia del avance de proyectos megamineros-, tiene el apoyo del 90% de los mendocinos. "Lo dicen las encuestas", repite el mandatario a quien le ponga el oído, o el micrófono.
Consejo para ablandar la resistencia
Desde la pueblada del agua de diciembre de 2019, Suarez no cesó el lobby a favor de las empresas extractivistas, a través de distintos canales. Uno de ellos, la creación del Consejo Económico Ambiental y Social, un ente burocrático paraestatal creado para abonar el consenso que no tiene la actividad en una inmensa mayoría, como lo demostraron las rutas y calles.
El CEAS salió al ruedo en un contexto en el que los empresarios de Mendoza le pidieron al mandatario que avance con el recorte de sueldos a estatales e insistieron con el avance de la minería en Mendoza como forma de salida a la pandemia. Lo propio hizo el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, en las últimas horas, insistiendo en una excepción de la Ley 7722 para avanzar con la megaminería con cianuro en ese departamento.
Bajada de línea en las escuelas
Por otro lado, avanzó con el reclamo del sector minero para bajar línea a favor de la minería a gran escala desde las escuelas. En septiembre de este año, la Dirección de Escuelas lanzó una resolución que ordena capacitar a docentes y alumnos sobre "los beneficios de la actividad minera y su impacto en la economía local, regional y nacional”.
Fue en el foro de la metalmecánica que se hizo en mayo pasado donde los empresarios pidieron al Gobierno que se bajara línea en las escuelas a favor de la minería. En ese foro fue clara la línea en contra de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otros contaminantes en la minería.
Avance a paso firma del fracking
Por un lado, el exgobernador habilitó esa técnica con el decreto 248 en 2018, que fue denunciado en la Corte -aún no se resuelve nada al respecto-. Po otro, rebajó las regalías que debían pagar ñas empresas a la Provincia por los beneficios obtenidos en la extracción de gas y petróleo. Entre los beneficiados por esa política se anotan Daniel Vila y José Luis Manzano, YPF, y el empresario Omar Álvarez.
Cornejo defendió el decreto que habilitó el fracking sin declaración de impacto y contra las leyes
En plan de sostener esa política, Suarez impulsó la reelección, por primera vez en la historia de Mendoza, del jefe de Irrigación, que se supone un ente autárquico y por lo cual su titular cambia de signo político cada cinco años.
Al frente del organismo se mantuvo Sergio Marinelli, pieza clave en la entrega de agua de los ríos a las petroleras.
Durante la primera parte de su gestión, Marinelli fue crucial en el mecanismo para entregar áreas a las petroleras para hacer fracking aún en zonas delicadas de acuíferos y afluentes de lagunas como Llancanello. Su postura a favor de la fractura hidráulica es conocida y por ello ha sido denunciado por abogados ambientalistas, organizaciones sociales y asambleístas.
Bajo el gobierno de Suarez, además, se profundizó la autorización de pozos pese a los pronósticos de sequía extrema en los ríos.
El manejo del agua, en manos de una empresa israelí multidenunciada
A principios de septiembre, Suarez firmó un convenio con Mekorot, la empresa estatal de aguas de Israel, para asesoramiento en el uso estratégico del agua disponible en Mendoza. Se trata de una compañía denunciada porAmnistía Internacional, Human Rights Watch, Btselem (Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) y hasta la APDH de Argentina por ejecutar un apartheid del agua en Palestina.
Según resalta un informe especial de Amnesty, "el legado de 50 años de ocupación israelí de los territorios palestinos ha sido violaciones sistemáticas de derechos humanos en gran escala. Una de las consecuencias más devastadoras es el impacto de las políticas discriminatorias de Israel en el acceso de la población palestina a suministros adecuados de agua limpia y segura".
