"Vamos a ir por más. Vamos a ir por el fracking. Vamos a ir por una ley que prohíba e fracking en la provincia". La sentencia fue pronunciada por la diputada Mailé Rodríguez en la sesión que derogó las modificaciones a la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otros tóxicos.
Si esa consigna prende en una porción tan amplia como la que salió a bancar la 7722, hay que contar los días hasta la próxima batalla de alto impacto entre los enrolados en la defensa del agua y el establishment político y empresario de Mendoza.
El fracking es el medio para obtener gas y petróleo en formaciones no convencionales, como Vaca Muerta. En el subsuelo de Mendoza hay parte de esa roca, cuyo núcleo productivo está en la zona de Añelo, en Neuquén.
El ex gobernador Alfredo Cornejo hizo promoción -dijo eso, al menos- del potencial no convencional que tiene Mendoza en materia de hidrocarburos. A la par, inició el marketing para ligar a Mendoza con Vaca Muerta.
Suarez debería cosechar los réditos de la cosecha de su mentor si es que fue efectiva la campaña del presidente nacional de la UCR. Por ahora, el fracking en Mendoza le incumbe a YPF, principal actor en la formación shale. Y también a Phoenix Global Resources. Una compañía listada en la bolsa de Londres en la que está involucrado el mendocino José Luis Manzano, ex ministro del interior de Carlos Menem.
Si verdaderamente hay un negocio grande para Mendoza en esa arena está por verse. El potencial es incomparable con el presente extractivo de Neuquén, que concentró hasta acá el desarrollo de Vaca Muerta.
La diputada Rodríguez, militante del PTS en el Frente de Izquierda, metió el dedo en una de las yagas más sensibles. La producción de petróleo y gas por medio del fracking acaba de comenzar en la Provincia. Cornejo la habilitó en las sombras, sin hacer demasiado ruido.
[youtube]aDVrL-o-8eY[/youtube]Un factor reconfiguró el escenario social del fracking en la Provincia: la fallida actuación del gobernador Rodolfo Suarez, la cúpula de Mendoza y los voceros del empresariado prominero en la instauración de una ley más permisiva con los tóxicos que la 7722.
"Vamos a defender nuestros glaciares, también del atentado que quieren cometer desde el gobierno nacional", interpretó la diputada Rodríguez la agenda ambiental urgente del sector que integra.
