El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió este jueves a dirigentes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que reclaman "justicia por los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras en los años 70", en lo que marca un giro vertiginoso en las políticas de estado de DD.HH. respecto del kirchnerismo, que en cambio buscó responder en la búsqueda de justicia por víctimas del terrorismo de Estado.
La audiencia fue concedida mientras que los Organismos de Derechos Humanos -Abuelas de Plaza de Mayo, y de representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buena Memoria, el CELS, la agrupación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Red Nacional y de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- esperan respuesta al pedido de reunión con "carácter urgente" debido a su "preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesa el Archivo Nacional de la Memoria y a la ausencia de información acerca de las políticas que el Gobierno va a implementar en materia de Memoria, Verdad y Justicia".
"Hoy (jueves) el Celtyv y familiares de víctimas del terrorismo nos reunimos con el secretario de Derechos Humanos. Fue una reunión muy productiva", afirmó la presidenta de la organización, Victoria Villarruel, en un comentario que publicó en Twitter al que adjuntó una foto de los dirigentes de la agrupación junto a Avruj.
Durante estos 12 años la Justicia condenó a los perpetradores de delitos de Lesa Humanida durante la Dictadura, una deuda que el Estado tenía pendiente hacía más de 30 años y que constituye un hito en la administración de Justicia incluso a nivel internacional.
Villarruel, una abogada autora del libro Los otros muertos, víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, dijo que la reunión se realizó "en un clima de mucho respeto" y que es "la primera vez" que son recibidos por un funcionario nacional.
El Celtyv fue fundado en 2006, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso y la declaración de inconstitucionalidad de ambas normas por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que produjo la reapertura de las causas contra represores de la dictadura militar.
La anulación de las leyes permitió el reinicio de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en el marco del terrorismo de Estado, considerados imprescriptibles por la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994.
En su página web, el Celtyv se define como "una organización no gubernamental dedicada a la asistencia de las víctimas del terrorismo en la Argentina", como consecuencia "de la violencia armada desplegada por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria" en el país.
Fuente: LPO/Celtyv/Infobae
