Publicado en The Guardian

13 periodistas que investigaban daño ambiental fueron asesinados en los últimos años

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Por Darío Castillejos, vía CartoonMovement

Por Juliette Garside y Jonathan Watts
Para The Guardian

Según un estudio, trece periodistas que investigaban daños al medio ambiente han sido asesinados en los últimos años y muchos más están sufriendo violencia, hostigamiento, intimidación y juicios.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que produjo el conteo, está investigando otras 16 muertes en la última década. Dice que la cantidad de asesinatos puede ser tan alta como 29, lo que hace de este campo del periodismo uno de los más peligrosos después de los informes de guerra.

En todos los continentes, los periodistas han sido atacados por investigar preocupaciones sobre abusos relacionados con el impacto de los intereses corporativos y políticos que luchan por extraer riqueza de los recursos naturales restantes de la tierra.

Estos recursos terminan en todo tipo de productos, desde teléfonos móviles hasta ollas y sartenes, y los consumidores desconocen en gran medida las historias detrás de ellos.

El estudio se realizó para Green Blood, un proyecto de información cuyo objetivo es continuar informando a los periodistas ambientales locales que se han visto obligados a abandonar su trabajo.

La extracción de oro en tanzania. Fotografía: folleto Acacia Mining plc

Un grupo de 15 socios de los medios de comunicación, entre ellos The Guardian, El País y Le Monde, se han unido para iluminar internacionalmente la manera en que estas actividades afectan a los entornos y comunidades locales.

El año pasado, el consorcio publicó una investigación sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia . El último proyecto se produce en medio de repetidas advertencias de una emergencia ambiental causada por el cambio climático, que aumenta aún más la presión sobre los recursos ya escasos.

“Los problemas ambientales implican algunos de los mayores abusos de poder en el mundo y algunas de las mayores concentraciones de poder en el mundo”, dijo Bruce Shapiro, director del Centro Dart para Periodismo y Trauma.

“Me resulta difícil pensar en una categoría de reporteros de investigación que habitualmente tratan con actores más peligrosos. Los informes de investigación sobre el medio ambiente pueden ser tan peligrosos como los informes sobre el contrabando de narco “.

El director ejecutivo del CPJ, Joel Simon, agregó: “Informar sobre tales historias a los medios nacionales e internacionales a menudo implica viajar a comunidades remotas y confrontar poderosos intereses. Esto lo hace inherentemente peligroso.

“Este no es un tema nuevo, pero se ha agudizado a medida que el cambio climático se ha acelerado y el cambio ambiental tiene un impacto más directo en la vida de las personas. No veo que eso cambie en el corto plazo, por lo que es tan importante informar sobre temas ambientales a pesar del riesgo “.

Green Blood se ha centrado en la industria minera, con informes de diferentes países a partir del martes.

Si bien los periodistas identificados por el CPJ no han sido asesinados en las áreas elegidas, el comportamiento de la policía y las fuerzas de seguridad del Estado ha disuadido a los periodistas de plantear las preocupaciones de la población local, lo que significa que puede haber un bloqueo informativo efectivo.

Una mina de níquel en Guatemala. Fotografía: Guardián

Durante ocho meses, los socios de Green Blood trabajaron con reporteros locales para recopilar documentos y testimonios de testigos y realizar pruebas científicas para identificar la contaminación.

La primera investigación se refiere a una mina de Tanzania donde los periodistas que intentaban investigar sus actividades y relaciones se vieron acosados ​​y sus historias enriquecidas. Los reporteros han perdido sus trabajos y se cerraron dos periódicos.

Las denuncias se refieren a aldeanos desplazados y muertos a tiros por la policía y guardias de seguridad. Varias mujeres han hablado de ser violadas por guardias.

El segundo informe presenta una mina de níquel. La demanda global de este mineral es alta porque se usa en utensilios de cocina de acero inoxidable e instrumentos quirúrgicos. Se espera que su valor aumente exponencialmente debido a su uso en automóviles eléctricos ecológicos, lo que ayuda a elevar los precios para todos los productores de níquel.

Sin embargo, cientos de familias indígenas mayas están pagando un alto precio por su producción en Guatemala. Se han quejado de desalojos, procesos penales y escasez de agua.

Los reporteros que dan la alarma han sido detenidos bajo arresto domiciliario y obligados a esconderse para evitar la prisión.

El consorcio también ha estado en el sur de la India, donde la extracción de arena es una industria multimillonaria. Los minerales extraídos de las playas se utilizan en todo, desde cosméticos hasta robótica.

India es uno de los lugares más peligrosos para ser periodista: tres de los 13 identificados como asesinados en el curso de su trabajo desde 2009 eran del país. Tres más se asentaron en las Filipinas. Los otros murieron en Panamá, Colombia, Rusia, Camboya, Myanmar, Tailandia e Indonesia.

Ramesh Bhushal, gerente de proyectos de la organización Earth Journalism, dijo que las amenazas mantienen la información vital oculta al público. “Lo que sucede es que se desalienta a los periodistas para que escriban sobre esos problemas serios, y terminan escribiendo sobre otros temas que son más fáciles de cubrir y no reciben amenazas”.

Tanzania se ha deslizado 25 lugares en el Índice Mundial de Libertad de Prensa producido por Reporteros sin Fronteras (RSF), donde ocupa el puesto 118 de 179 países.

“Los periodistas [en Tanzania] son ​​atacados sin razón”, dijo Ryan Powell, un especialista en desarrollo de medios que trabaja en el este y el oeste de África, a Forbidden Stories. “La policía acosará a los periodistas, y la gente no interfiere”.

En el sur y centro de América, los reporteros indígenas están particularmente en riesgo. Guatemala es 116º en el índice RSF. Su presidente, Jimmy Morales, elegido en 2016, se comprometió a introducir un mecanismo nacional para la protección de los medios de comunicación poco después de ganar el poder, pero la iniciativa aún no ha sido respaldada por el ministerio del interior.

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