La granizada del domingo en la tarde en el Valle de Uco, como cualquier inclemencia climática dañina, propició una vidriera para la utilización política de sus consecuencias. Las pérdidas ocasionadas no superaron la media de una tormenta habitual del verano mendocino.
Según los radares de la Dirección de Contingencias, el área total de acción de la tormenta fue el 10 por ciento del total de la superficie cultivada en la región; pero se comunicó como una catástrofe a partir de la rápida intervención mediática del intendente de San Carlos, Jorge Difonso.
Antes de que los damnificados directos tuviesen claro cuánto porcentaje de la producción de sus propiedades perdieron por la piedra, los medios provinciales "informados" por intendentes y funcionarios arriesgaron que se perdió "entre el 40 y el 100 por ciento de la producción en las zonas afectadas" a causa del fenómeno.
La publicación de ese dato aislado, sin más precisiones, le aportó confusión y dramatismo a la situación, pero no ayudó en nada a esclarecer la magnitud de las consecuencias de la tormenta sobre la Economía del Valle de Uco.
El intendente de San Carlos, Jorge Difonso, fue el primero en tirar porcentajes de pérdidas al voleo dentro del guión de la puesta en escena para sacar réditos a su actuación pos granizada.
El sancarlino no fue innovador, sobran los ejemplos de intendentes actuando parecido frente a casos similares. Los jefes comunales no tienen la culpa de las inclemencias ni las respuestas materiales para palear sus consecuencias en la producción (previstas de antemano y administradas por la Provincia), pero
Más tarde, el ministro de Producción, Marcelo Barg, precisó que la precipitación se circunscribió a unas 5.000 hectáreas, lo que representa cerca del 10% de la superficie cultivada en la región, según la base de datos de la Dirección de Agricultura de Mendoza. El detalle de los costos económicos de la granizada tardará en dilucidarse.
Para estos casos está previsto un mecanismo de asistencia a los productores divididos en dos categorías: la primera para fincas con pérdidas superiores al 50% y la segunda para las que perdieron más del 80%.
