Por primera vez en Mendoza, Luciano Benjamín Menéndez se sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad, como responsable, desde septiembre de 1975 hasta el 29 de septiembre de 1979, del Tercer Cuerpo de Ejército y por lo tanto máxima autoridad de la Zona 3, que incluyó a Mendoza. Fue a través de videoconerencia en la segunda audiencia del sexto juicio de lesa humanidad que comenzó hace una semana en esta provincia y que reúne a 28 imputados en 12 causas.
Este jueves se identificó al ex comodoro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Santamaría (desde el Hospital Penitenciario nº 1 de Ezeiza); el ex agente de la Policía Federal Marcelo León (desde la Cámara Federal Penal de Marcos Paz); al ex director del Liceo Militar General Espejo, Carlos Horacio Tragant (desde Comodoro Py), y el ex jefe policial y brigadier mayor, Mario Alfredo Laporta.
Se trató de la segunda ronda de identificación de los acusados por su accionar durante el terrorismo de estado, que se prevé continúe la semana próxima para pasar, en una cuarta audiencia, a la elevación de los requerimientos del juicio, el acto mediante el cual resulta definitivamente delimitado el contenido de la pretensión punitiva de los querellantes.
El Tercer Cuerpo a cargo de Menéndez tuvo el control operativo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en el territorio de la Zona 3. Menéndez fue responsable de todos los centros de prisión clandestina que funcionaron en dicha zona, entre ellos los ubicados en Mendoza, San Juan y San Luis. Luciano Benjamín Menéndez supervisó y dirigió personalmente torturas y fusilamientos de los secuestrados, tal como han testimoniados cientos de sobrevivientes y familiares de víctimas.
Luciano Benjamín Menéndez fue uno de los genocidas no beneficiados por la ley de Obediencia Debida dictada en 1987, se hallaba implicado en unas 800 causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.
En 1988 fue procesado por 47 casos de homicidio, 76 de tormentos, cuatro de ellos seguido de muerte y cuatro sustracciones de menores, pero la Corte Suprema lo desprocesó por la ley de Punto Final.
En 1990 recibió el indulto del entonces presidente Carlos Menem y ocho años después, al reabrirse una causa por 30 fusilamientos y asesinatos de presos políticos cometidos en 1976, estuvo detenido algunos días por negarse a declarar, aunque pronto recuperó la libertad.
La justicia se abrió paso a partir de la anulación de las leyes de impunidad y una sentencia dictada en Córdoba el 24 de julio de 2008, por los secuestros, torturas y asesinatos de miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores abatidos en un operativo montado por el Tercer Cuerpo en diciembre de 1977.
Un mes después, la justicia lo condenó en Tucumán junto a Antonio Domingo Bussi por la desaparición del ex senador provincial justicialista Guillermo Vargas Aignasse, un hecho perpetrado el 24 de marzo de 1976.
Recibió la tercera condena a fines de 2009, también en Córdoba, por el secuestro, tortura y asesinato del comisario Ricardo Albareda y los secuestros de otros perseguidos políticos.
El 18 de mayo de 2010, un tribunal de Tucumán volvió a condenarlo por los padecimientos de 22 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en la ex Jefatura de Policía de la capital provincial.
En diciembre del mismo año la justicia lo condenó por los homicidios de 31 presos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín de la ciudad de Córdoba, cometidos en 1976 bajo el paraguas de la llamada "Ley de Fugas", entre otros crímenes.
El 23 de marzo de 2011 recibió otra condena en Tucumán por homicidios y otros delitos en la causa Romero Niklison, y ese mismo año en Salta fue encontrado culpable del asesinato de 11 presos políticos en la causa conocida como "Palomitas II".
Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a prisión perpetua que dictó en 2008 el Tribunal Oral Federal de Tucumán, Menéndez fue dado de baja del Ejército y perdió su rango en 2011.
En 2012, la justicia en La Rioja impuso a Menéndez la pena de prisión perpetua en cárcel común por los homicidios de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los "Mártires de Chamical".
En 2013, fue condenado otra vez en La Rioja a 20 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos cometidos en 1977, cuando un grupo de docentes y agricultores fueron detenidos ilegalmente y torturados por integrantes de Gendarmería.
A fines de 2013, la justicia en Tucumán lo condenó a 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de Rita Ariza de Toledo y de su yerno Jorge Ygel en noviembre de 1977, y el 4 de julio de 2014 en La Rioja fue una vez más condenado a prisión perpetua en cárcel común por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976.
El 1 de junio de 2015, el Tribunal Oral Federal de Córdoba le dictó prisión perpetua por delitos que tuvieron como víctimas a tres estudiantes con militancia en la Juventud Universitaria Peronista en junio de 1976.
A fines de marzo pasado, el Tribunal Oral Federal de San Luis lo condenó a prisión perpetua por secuestros, torturas y 11 homicidios en la denominada "Causa 2470".
El último fallo fue el 28 de abril con la sentencia de prisión perpetua por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, torturas, violación, aborto sin consentimiento y asociación ilícita.
