En la última sesión del año, la Cámara de Diputados de Neuquén rechazó la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que tiene como fin flexibilizar el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad federales y pidió a Macri que la deje sin efecto.
En contrario, a pocas horas de haber recibido a Gabriela Michetti, el intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga, bancó el protocolo: "El nuevo protocolo del gobierno nacional que reglamenta el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, es una decisión que fortalece y respalda el rol de quienes tienen por misión proteger a todos los ciudadanos. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan", escribió en su perfil de Facebook.
El pronunciamiento generó un encendido debate y fue votado por los bloques MPN, Adelante Neuquén, Frente Grande, Frente Neuquino, FpV, Libres del Sur, PTS-FIT, FIT y el diputado de la UCR, Alejandro Vidal.
A la vez, el cuerpo sancionó un total de 17 leyes en particular. Entre ellas, votó la ley Nº3169 del presupuesto general de gastos y recursos de la provincia para 2019, que asciende a 102.462 millones de pesos. También aprobó la ley Nº3170 del presupuesto del Poder Judicial, fijado en 5.255 millones de pesos, e hizo lo propio con la ley Nº3171 del presupuesto del Poder Legislativo, estipulado en 1.436 millones. La 25º sesión ordinaria del cuerpo comenzó a las 10.50 con la participación de 30 diputados y fue presidida en forma alternada por los diputados Mario Pilatti –presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia- y Sergio Gallia –presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto-.
La declaración que rechaza la resolución del ministerio que encabeza Patricia Bullrich se sancionó a partir de la unificación de un proyecto de la diputada Angélica Lagunas (FIT) con uno del diputado Raúl Godoy (PTS-FIT).
Lagunas señaló que la resolución refleja “las ansias de reprimir de la ministra Bullrich”, medida que motivó el rechazo unánime de organismos de Derechos Humanos, como así también la presentación de una acción de inconstitucionalidad. En tanto, Godoy subrayó que con la resolución “se está legitimando que disparen por la espalda”.
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En respaldo a la decisión de Bullrich, el diputado Damián Canuto (PRO) dijo que la resolución ministerial se adecúa a los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego adoptado por la ONU en una reunión realizada en Cuba en 1990. Añadió que se trata de “respaldar el ejercicio de la fuerza pública que tienen a su cargo las fuerzas de seguridad” y opinó que la declaración es “puramente demagógica y electoral”.
El diputado Raúl Podestá (FG) acotó que para resolver los problemas de seguridad es necesario atacar las causas y no las consecuencias. Por el FpV, la diputada Ayelén Gutiérrez sostuvo que “ninguna solución se logró con mayor represión” y pidió “garantizar los derechos constitucionales y los debidos procesos” de toda la ciudadanía. Su compañera de bloque, Nanci Parrilli, planteó que la resolución actúa en contra de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, e implica un retroceso en la defensa de los Derechos Humanos y la democracia.
En tanto, el diputado Sergio Gallia (Adelante Neuquén) dijo que la decisión adoptada por Bullrich “no es acertada” y observó que hay dos elementos que rompen con el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, mencionó que ya no será necesaria “la voz de alto”, como así tampoco la existencia de una agresión previa para poder justificar el disparo. “Esto no resuelve el problema de inseguridad”, aseguró y recordó que la provincia de Neuquén descartó la aplicación del protocolo.
A su turno, el diputado Santiago Nogueira (Libres del Sur) encuadró la medida en “un cálculo electoral, demagogia y una alta peligrosidad para la sociedad”. Desde el Frente Neuquino, el diputado Eduardo Fuentes enfatizó que se trata de una decisión “inapropiada y políticamente incorrecta”, al tiempo que “violenta la Constitución y es contraria al Código Penal”. El diputado Alejandro Vidal (UCR) pidió al Gobierno Nacional que dé marcha atrás con la medida por presumir que carece de legalidad.
