La Justicia de Brasil negó un pedido de la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para que dejara temporalmente la cárcel para asistir al funeral de su hermano mayor, quien falleció este martes.
Los abogados de Lula presentaron una solicitud ante un juzgado de Curitiba, en el sur de Brasil, para que el expresidente pudiera viajar a la localidad de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, para dar el último adiós a su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, y quien falleció a los 79 años a raíz de un tipo raro de cáncer.
No obstante, la magistrada encargada del caso, Carolina Lebbos, determinó que la decisión debería ser tomada por el superintendente de la Policía Federal en el estado de Paraná, Luciano Flores de Lima, quien finalmente afirmó que no sería posible “autorizar o hacer viable” la comparecencia de Lula, preso desde abril, al entierro de su hermano por cuestiones de logística.
Lebbos acató la decisión de carácter administrativo del director y finalmente negó el pedido del expresidente (2003-2010) al considerar que, ante la “concreta imposibilidad logística”, se impone la “preservación de la seguridad pública y de la integridad física del propio preso”.
En su decisión, Lebbos precisó que “aunque fuera posible sobreponerse esta cuestión logística, otros factores ponen en riesgo la seguridad del encarcelado y el orden público”.
La magistrada añadió que “los fundamentos utilizados por el director del establecimiento carcelario” son “reforzados” por las razones señaladas por el Ministerio Público Federal, entre ellas la posibilidad de “tumulto generalizado y protestas” que generarían “indeseables enfrentamientos y la polarización de actos e ideas”.
Lebbos afirmó además que el orden jurídico es “sistemático” y que, en esta perspectiva, los derechos “encuentran limitaciones recíprocas”.
“A veces, la mitigación de algunos de los aspectos de determinado interés legítimamente tutelado es justificada por la necesidad de hacerse prevalecer otros” que “se revelan preponderantes”, expresó la jueza.
En su decisión, la magistrada subrayó que el “juicio no es insensible a la naturaleza del pedido formulado por la defensa”, pero que, debido a los “intereses involucrados en el panorama presentado” y ante la “concreta imposibilidad logística”, “se impone la preservación de la seguridad pública y de la integridad física del propio preso”.
En una nota, el Partido de los Trabajadores criticó el fallo y señaló que “usurpar el derecho de un ciudadano de velar y enterrar a un ente querido” es una de “las actitudes más crueles” posibles.
Recordó que “ni siquiera durante la dictadura militar” (1964-1985), cuando “fue preso político”, Lula “fue impedido de dicho derecho y veló a su madre, Doña Lindu”.
Lula cumple desde abril del año pasado una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Curitiba, la capital regional del sureño estado de Paraná.
