El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) incluyó a Mendoza en su informe anual de Derechos Humanos a raíz de un conflicto entre familias campesinas de Lavalle y empresarios del agronegocio. El capítulo, que lleva por nombre "Reglas a medida", detalla cómo el entretejido del Estado con las empresas habilita el avasallamiento del modo de vida campesino en favor de intereses económicos e inmobiliarios.
El capítulo revela "cómo el Estado, con su inercia burocrática y su falta de liderazgo, es funcional a las iniciativas del mercado, en desmedro de los derechos humanos".
"En el norte de la provincia de Mendoza, en el departamento de Lavalle, les integrantes de la familia Sarmiento mantienen una disputa con Argenceres, una empresa de capital español, por las tierras donde viven y sobre las que la compañía busca avanzar con un proyecto de producción de olivares", arranca el apartado sobre Mendoza.
Conflicto de 12 años
Se refiere el CELS a un conflicto de vieja data que atraviesa gobiernos de distinto signo político. Arrancó en 2007, cuando empresas representadas por Antonio José Marchal Marchal adquirieron un campo ubicado en Mendoza para hacer una plantación de olivos. Las tierras están en el límite con San Juan y las dos provincias se disputaron durante mucho tiempo su dominio allí.
Archivo Explícito: conflicto entre campesinos y empresarios españoles por tierras de Lavalle
En 1980 la dictadura fijó los límites con un decreto ley, pero sobre esas tierras hay cinco títulos de propiedad diferentes, superpuestos y contradictorios iniciados en ambas provincias. "Argenceres aprovechó que el catastro mendocino es inconsistente: muchas propiedades están en una situación de titularidad incierta por la superposición de títulos contradictorios, situación que el Estado provincial no ha resuelto todavía, no obstante el paso del tiempo", señala el CELS.
Sin embargo, el estado no ha sido un estado ausente, y mucho menos mediador, en el conflicto entre los campesinos -que llevan más de 20 años trabajando esa tierra- sino que puso a disposición de los empresarios la fuerza policial, como ocurrió en febrero de 2016, cuando el gobierno envió a la policía a Jocolí. El resultado: un campesino baleado.
En resumen, señala el informe, "una vez adquiridos estos títulos con una base catastral irregular, Argenceres realizó los planos de mensura del terreno en tres oportunidades: 2007, 2008 y 2010. La inscripción del título sin antecedentes le permitió a la empresa extender los límites de las tierras en cada una de las mensuras. En la última, asoció irregularmente unas 500 hectáreas al título de propiedad. Luego la empresa simuló una venta a Agropecuaria Elaia SA para dotar de una presunción de mayor legalidad a esta maniobra".
La estrategia de Argenceres, cierra el reporte, "tiene la expectativa de que el Estado municipal y el provincial convaliden el hecho consumado. Las relaciones entre una empresa y el Estado mendocino ayudaron a consolidar el avance ilegal sobre tierras campesinas. El propio sistema catastral carece de información suficiente sobre la titularidad de las tierras, incumple con los requisitos de sus propios procedimientos y no se han creado dispositivos para corroborar en el terreno la titularidad invocada".
Este es el capítulo completo del informe del CELS titulado "Reglas a medida":
