Pese a la oposición de las Asambleas por el Agua de Mendoza y de ong ambientalistas como Oikos, el Gobierno de Mendoza concretó este jueves una audiencia pública por streaming, que según los asambleístas está viciada de nulidad al alterar las condiciones de la participación. Quienes tuvieran objeciones deberán mandar un correo electrónico en los próximos 15 días.
Vecinos y asambleístas pidieron en la víspera que se suspendiera la transmisión, que según el Gobierno tuvo carácter de audiencia, por no garantizar la participación de todos los interesados y reducir el acceso a los que tuvieran conexión a internet para visualizar el streaming.
La arquitecta Soledad Barros, de la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente, aseguró al inicio de la transmisión vía streaming que el proceso para la construcción de la megarepresa sobre el río Grande cumple con el Conveio 169 de la OIT ratificado por Argentina, que obliga a los gobiernos a la consulta de las comunidades originarias que se verán afectadas por este tipo de obras.
"Esta secretaría aprobó la resolución 76/2018 a través de la cual se le dio comienzo al proceso de consulta indígena con relación al proyecto Portezuelo del Viento, fecha en la cual este proceso está abierto y a la brevedad se citará a la próxima reunión", señaló Barros. La funcionaria aseguró que "todas las opiniones expresadas en esta audiencia serán tenidas en cuenta posteriormente en la declaración de impacto ambiental".
No obstante, Barros no aclaró a cuáles comunidades escuchará el Gobierno de Mendoza, y si el llamado a reunión incluye a los pobladores de las cuatro provincias río abajo de la represa o sólo a los de Mendoza.
En el medio de este proceso siguen llegando las remesas de dinero y no se detienen el proceso de adjudicación a los interesados en levantar el dique.
La escucha de los pueblos originarios es un reclamo reiterado de las asambleas más allá de Mendoza.
Comunidades originarias de Mendoza y Río Negro y asambleístas de Mendoza, San Juan, La Pampa y Río Negro se reunieron a principios de enero en Catriel para unificar demandas ambientales y tomar impulso de lo que fue la pueblada del agua que derribó la ley del cianuro de Suarez.
En un documento donde sientan posición respecto de los modelos extractivistas que producen “saqueo, expoliación, miseria, contaminación y muerte” sumado a un descuido que lleva a la “desaparición de ríos, humedales, flora y fauna, con el consecuente éxodo de poblaciones campesinas y originarias”, plasmaron demandas entre las que se destaca, una vez más, que se consulte a los pueblos originarios sobre obras que afectan a sus pueblos y que sea obligación el consentimiento.
En ese punto, plantearon una defensa “irrestricta a la integridad del río Colorado”, y se plantaron contra la construcción de la presa Portezuelo, el fracking y la megaminería, entre otros puntos como el respeto a la 7722 y su “ley hermana”, la 5001 de Chubut.
Asambleístas y pueblos originarios de San Juan, Río Negro y La Pampa se unen a Mendoza
