Mientras que los organismos de Derechos Humanos de Mendoza han pedido mayor celeridad en las audiencias `por el 9no Juicio por delitos de lesa humanidad -que juzga por primera vez al Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea como parte del aparato organizado de poder- los defensores de los imputados intentan dilatar en el tiempo el proceso, como evidenciaron en la última audiencia, cuestionando la modelidad virtual.
El juicio había entrado en su etapa final a fines de 2019, pero la pandemia demoró su continuidad. No obstante, se retomó mediante audiencias on line, que tuvieron fallas técnias, las cuales se han ido mejorando en el camino.
El presidente del tribunal, Alberto Carelli, explicó que se estaba trabajando junto al Equipo de Acompañamiento en un protocolo que permitiera continuar con las declaraciones testimoniales de forma virtual.
Los represores rechazan la virtualidad
En la audiencia de este viernes, el primero en tomar la palabra fue Carlos Benavidez, abogado de Juan Carlos Santamaría, uno de los represores que accedió a la prisión docimiciliaria en el marco de la expansión del coronavirus.
Argumentó que las declaraciones por videoconferencia afectaban el principio de inmediatez y el derecho de defensa de los imputados porque “no es lo mismo” ver a los y las testigos en la sala. Planteó que entendía que la mayoría eran víctimas mayores de 65 años, pero solicitó estar presente, al menos, cuando se tomara declaración a testigos de cargo de su defendido, según refiere el portal que lleva al días las audiencias.
Los argumentos de los demás abogados defensores se encolumnaron con este planteo: señalaron las recurrentes complicaciones técnicas de la plataforma virtual utilizada y pidieron que se mantuvieran las declaraciones presenciales.
Ariel Civit agregó que las calificaciones jurídicas que pesan sobre los imputados en este juicio -“forzosas y arbitrarias”, según su punto de vista- exigen no ser tomadas a la ligera.
Piden tomar testimoniales
Sobre este punto, el fiscal Dante Vega sostuvo que se había mejorado el funcionamiento de la plataforma para llevar adelante las audiencias on line. Agregó que i la recepción de testimonios por vía remota no se habilita será imposible continuar. “En cualquier juicio oral la prueba fundamental es el testimonio”, postuló en ese sentido.
Por su parte, señala el portal de los juicios que Fernando Peñaloza, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, resaltó que los procesos judiciales han continuado durante el aislamiento, incluso en tribunales orales, y cuestionó que puedan suspenderse estos debates por cuestiones aparentes.
Exigió que las declaraciones sean receptadas: “Cualquier necesidad que imponga irremediablemente la presencia física de un testigo en la sala, podrá ser enmendada oportunamente”.
Insulto a un querellante
El abogado querellante Pablo Salinas puso el foco en las víctimas, exigió que se cumpla ley que las ampara y denunció que no habían sido escuchadas debido a las prisiones domiciliaras concedidas a los imputados.
Mendoza lidera la cantidad de prisiones domiciliarias otorgadas a represores
Sostuvo que las personas citadas están en todo su derecho de elegir declarar de forma virtual para cuidarse y señaló que las defensas dilataban el juicio buscando la solución biológica: “como Pinochet, que murió sin ser condenado”.
Durante la intervención de Salinas, reveló el sitio de los juicios, alguno de los imputados presentes en la sala virtual pronunció un insulto que se escuchó fuerte y claro: “Qué hijo de puta este”.
"Causó sorpresa e indignación -los propios defensores pidieron sanciones- el atrevimiento de los acusados en medio de una audiencia judicial, pero demostró cuán acostumbrados están los miembros de terrorismo de Estado a los atropellos", culmina la crónica sobre lo ocurrido este viernes.
