La aparición del antiviral Remdesivir, el primer medicamento destinado a paliar los efectos del coronavirus, ha generado un intenso conflicto después de que Trump comprara prácticamente el total de la producción de los próximos tres meses, iniciativa que ha dejado desabastecido a medio mundo. En EEUU, cada paciente deberá desembolsar hasta 2.000 dólares por tratamiento, pese a que el fármaco tiene un coste de producción de unos seis. Si las mascarillas ya generaron una guerra comercial internacional, ¿en qué puede desembocar la lucha por las dosis para curar la pandemia?
Originalmente, y con otro nombre, el Remdesivir nació tras una investigación desarrollada para la lucha contra el ébola en 2013. Al demostrar una eficacia menor que otros medicamentos, cayó en el olvido, pero con la pandemia de la covid-19, Gilead, la farmacéutica que lo creó, hizo pruebas con él para ver qué resultados obtenía. De forma inesperada, se ha convertido en el primer medicamento aprobado por la Unión Europea para combatir el coronavirus.
La industria farmacéutica ha estado siempre bajo lupa de sospecha por sus enormes beneficios y por discurrir su negocio en el camino intermedio entre la salud y las ganancias privadas. Basta ver Sicko, el documental dirigido por Michael Moore, para confirmar la triste realidad de la sanidad, mercantilizada hasta el tuétano en muchos países del mundo. De la mano del director, un puñado de norteamericanos cruzaban las escasas millas que separan EEUU de Cuba para descubrir un sistema donde la sanidad puede llegar a ser totalmente gratuita para los ciudadanos.
Los medicamentos son caros, los pague quien los pague. Los países que disponen de Seguridad Social o de sanidad pública evitan que sus ciudadanos acaben hipotecados para poder salvar la vida, pero comprueban en cambio cómo el gasto aumenta cada año, hasta niveles casi insostenibles, porque la industria de los fármacos tiene total libertad para fijar los precios de venta. En España, durante 2019, el gasto farmacéutico público subió hasta los 18.709 millones, más de un 4% respecto al año anterior, según datos de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.
Ramón Gálvez, neurólogo y director gerente durante ocho años del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), pone fecha de origen a esta deriva neoliberal: "La industria farmacéutica tuvo un cambio en 1975. La Organización Mundial del Comercio (OMC) planteó que los medicamentos estuvieran sometidos a patentes. Esto permite que la empresa que logra producir un medicamento innovador disponga de al menos 20 años de exclusividad para su explotación. Durante ese periodo, la compañía puede poner el precio que desee". Hasta entonces, los medicamentos no habían estado nunca registrados bajo patentes. En España, la aplicación de la normativa es de 1985, entrando del todo en esa dinámica en 1989.
La medida, pensada para que durante esos años la farmacéutica recuperara la inversión en investigación y obtuviese ganancias, chocó de lleno con ciertas crisis de salud pública. "En Sudáfrica, durante un brote de VIH en torno al año 2000, con cientos de sudafricanos afectados, se descubrió un tratamiento eficaz basado en un cóctel de tres fármacos, inasumible por el precio. Esto generó manifestaciones a las que incluso Nelson Mandela acudió. Ante esta situación, el Gobierno alegó motivos de salud pública y quitó la patente al Laboratorio Novartis para poder producir este medicamento como genérico y ofrecerlo a un precio asumible", recuerda Gálvez. La medida, aunque honorable, tuvo repercusión, ya que la farmacéutica se lanzó de lleno a un pleito contra el Ejecutivo sudafricano: "Casi la mitad de los abogados del país terminaron trabajando para la farmacéutica para indemnizar Novartis". Sin embargo, la Justicia dio la razón a la Administración.
De esta forma, los países africanos abrieron una ruta que podría ser continuada por muchos países azotados por la covid-19: las llamadas licencias obligatorias. Los gobiernos –entre los que se encuentra el de España– pueden solicitar la patente a la farmacéutica que tenga la exclusividad de un medicamento para producirlo y rebajar su coste, siempre que se justifique una "falta de explotación o la insuficiencia en calidad o la cantidad de la explotación realizada implique un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país", según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El Ejecutivo de Netanyahu en Israel aplicó esta misma legislación el pasado mes de marzo para poder distribuir un fármaco que combatiera el coronavirus. Es decir, los Estados tienen la legislación a su favor para evitar que se produzca un negocio a costa del virus aparecido en Wuhan.
Lucro y estrategia
La pandemia del coronavirus ha puesto en relieve el conflicto que genera el lucro a través de la venta de fármacos. En fechas en las que cada día los muertos aumentan por millares, la frivolidad de saber que la pandemia solo terminará en los países que puedan sufragar los gastos ha impulsado un cambio de conciencia sobre las dinámicas de esta industria.
Vanessa López, directora de Salud por Derecho, encuentra en la polémica sobre el coronavirus y el Remdesivir nada más que un reflejo de unas prácticas ya comunes: "Es la manera habitual en la que funciona el modelo de investigación biomédica. Casos como el actual nos recuerda a lo que pasó con medicamentos para la hepatitis C, con inmunoterapias contra el cáncer o los tratamientos para el sida. Es un problema no resuelto. La historia del alto precio y las barreras de acceso, y se repite de manera constante. Es el funcionamiento habitual, tenemos un sistema en el que sacan beneficio por encima del bien común".
Los expertos consultados revelan algunas prácticas con las que las farmacéuticas logran no perder la exclusividad de la explotación de un medicamento. "Cuando a un medicamento le añades una indicación nueva, le puedes modificar el precio y renovar la patente. Por ejemplo, con medicamentos para leucemias, las empresas los sacan para un grupo de pacientes muy pequeño, porque así obtienen exenciones fiscales, la producción es más acelerada..., pero más adelante le añaden nuevas indicaciones y de esta manera pueden volver subirle el precio y ampliar la patente", comenta Ramón Gálvez, que cuenta cómo las farmacéuticas aplican un criterio –el cual tilda de injusto–, para calibrar el precio de un medicamento: "Lo llaman el precio por valor. No te cobran por lo que ha costado investigarlo, producirlo y distribuirlo, sino por el beneficio que obtienes al tomarlo. Si te va a producir una prolongación de la vida, se valora ese aspecto, lo cual es una trampa. Entonces, ¿si un médico opera de apendicitis a un niño y le salva la vida, cuanto habría que pasar de factura?", se pregunta irónico este neurólogo.
Ángel Huélamo, director de Farmacéuticos Sin Fronteras, encuentra síntomas negativos en dejar todo en manos privadas: "Todos estos procedimientos reflejan el arco, para bien y para mal, de la problemática de la industria farmaceutica. Ahora hay unos 50 posibles medicamentos en fases de elaboración para el coronavirus. De esos 50, no tendrán éxito ni el 10%, y habrá un porcentaje de inversión económica que se pierde. En España existe una ley de riesgo compartido, en la que, cuando se investiga un medicamento, si hay aportación pública se puede exigir a la industria que garantice un retorno social. El problema es que cuando se deja todo en manos privadas estás sujeto a las leyes de mercado".
Que los medicamentos caminen únicamente por la senda privada suele ser algo bastante habitual. Basta comprobar los precios de algunos remedios. En EEUU, un fármaco como el Revlimid, que trata la leucemia, puede alcanzar los 20.000 dólares por un suministro de tan solo 30 días, mientras que los destinados a enfermedades raras, como la Luxturna, que trata un tipo de ceguera en los niños, puede rondar el millón de euros.
Hepatitis C en España
El caso más reciente en el que España se topó con la industria farmacéutica tuvo lugar en 2014, con los enfermos de hepatitis C sin poder ser abastecidos. En aquel momento, el tratamiento más efectivo consistía en Interferol y antivirales, un tratamiento exigente y en el que el paciente podía desarrollar muchos efectos secundarios.
Hubo entonces una pequeña empresa estadounidense, Farmaced, que descubrió gracias a la financiación pública el Sofosbuvir, que se convirtió en el fármaco más efectivo contra esa enfermedad. Sin embargo, antes de lanzarlo al mercado, apareció Gilead y absorbió la compañía. El precio que eligió para lanzar el producto fue de 84.000 dólares por paciente y tratamiento en EEUU, 40.000 euros en España. Debido a su coste elevado, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió no dar este tratamiento a todos los pacientes, lo que produjo un escándalo que casi lleva a Ana Mato, otrora ministra de Sanidad, ante la Justicia. "El Sofosbuvir ha ido bajando de precio porque ya hay antiviriales. Ahora no llega a los 8.000 euros, y además sabemos que a Farmaced le costó terminar el producto entre 50 y 80 millones, aunque luego Gilead disparara el precio", lamenta el médico ante este caso en el que hubo 4.000 pacientes que fallecieron sin poder recibir tratamiento.
Los gastos del Estado
En España, donde la Sanidad sufraga los gastos médicos de un paciente ingresado, que las farmacéuticas inflen los precios conlleva un aumento del gasto hasta poner en riesgo la manutención social. "La evolución del gasto farmacéutico hospitalario con los nuevos medicamento está por encima de 300.000 euros por tratamiento; es el caso del Spinraza, un medicamento para la atrofia espinal, que además beneficia de manera escasa y muy pequeña a los pacientes", recuerda Gálvez.
"Malgastamos recursos en medicamentos que no tendrían que costar tanto. En los últimos años la factura hospitalaria farmacéutica ha crecido en torno a un 20%, mientras los presupuestos de Salud han bajado. Es insostenible", asevera Vanessa López. "Se deja que las farmacéuticas tengan beneficios abusivos. Los costes que dicen tener para desarrollar una nueva molécula o un medicamento no son reales. El coste mínimo de producción del Remdesivir es de 0,93 dólares la dosis, unos cinco o seis euros el tratamiento. No tiene por qué ser tan cara su venta al público", zanja.
El aumento del gasto derivado de los precios impuestos por las farmacéuticas provocó que en 2018 Catalunya aumentara en más de 550 millones el gasto durante el último lustro. Ese dinero, sin el aprieto que imponen esas tarifas, podría haber servido para contratar a 11.000 profesionales sanitarios, según Quico Puigventós, autor de Medicamentos: ¿derecho o negocio?.
Y en el futuro, la vacuna
Si solo un medicamento ya ha generado toda esta polémica, ¿qué pasará cuando llegue la vacuna? ¿Se podrá distribuir de manera gratuita y universal o habrá un precio disparado para cada paciente? Según narra Mike Davis en Llega el monstruo, "solo doce compañías farmacéuticas fabrican vacunas antigripales, y el 95% por ciento de su producción se consume en las naciones más ricas del mundo". Las zonas más pobres, que ahora atraviesan datos muy desesperanzadores sobre el coronavirus, con India como principal foco del mundo, pueden quedar del todo vendidas a los caprichosos designios del mercado.
"No puede ser ni es tolerable que la vacuna tenga un precio que la haga imposible. Hay que garantizar que la vacuna sea, si no gratuita, casi, y de acceso universal. Tiene que costar lo que cueste su producción, porque la investigación ha sido fundamentalmente pública", clama contundente Ramón Gálvez.
Incluso López, la directora de Salud por Derecho, encuentra un cambio de paradigma tras el trauma que ha generado esta pandemia: "Hay países que ya hablan de controlar la propiedad intelectual, incluso la OMS ha creado un sistema en el que de forma voluntaria los centros de investigación volcaran sus conocimientos para generar fármacos. La visión ha cambiado; la ciudadanía es consciente de los problemas que suponen una pandemia. Han visto lo importante que es contar con una vacuna y que estén disponibles para todo el mundo".
