Rodolfo Suarez y el titular de la Dirección de Escuelas, José Thomas, presentaron en las últimas horas el borrador de lo que sería una nueva Ley de Educación de Mendoza.
Apenas salieron a la luz los detalles generaron un fuerte rechazo de los maestros, porque supone borrar de un plumazo derechos establecidos en el Estatuto del Docente, incorpora criterios empresariales como la productividad medida "en base a evidencias" y, lo que levantó gran polvareda, la supervisión de las redes sociales de los docentes y la invitación a denunciar posteos, entre otros puntos.
"No entiendo el revuelo que se armó. La gran mayoría de las profesiones en el mundo tienen un código de ética. Tenés Francia, tenés España ¿Por qué incluimos las redes sociales? El docente es un funcionario público. Debe tener en la vida pública una forma de comportamiento. Lo que no quiere decir que no puedas protestar. Lo que no podés hacer es faltar el respeto. Lo que queremos decir es que las redes sociales son la vida misma. No son virtuales. La identidad de un docente es la identidad de un docente y la tiene que mantener", defendió Thomas al artículo que indignó a la comunidad educativa.
Luego intentó vincular lo que los trabajadores llaman mordaza con el fenómeno del bulling: "Las redes sociales son el lugar por excelencia del bulling. Quiere decir que cualquier docente que ve bulling tiene la obligación de denunciarlo. Me pregunto a quién le puede parecer mal eso". Sin embargo, nada aclara el artículo sobre las denuncias específicas de bulling. En cambio deja abierta la interpretación a un "uso inconveniente" de las redes.
Objeciones del gremio
Entre las múltiples objeciones -sintetizadas en un documento del gremio de trabajadores de la Educación- se destacan:
• Abre la puerta a la modificación del Estatuto Docente según criterio del director de la DGE:
• Incorpora la bimodalidad, "que agravará la precarización de las condiciones de trabajo".
• Establece implícitamente la creación de un instituto de calidad educativa con fines de medición y control a docentes.
• Incorpora la productividad docente en función de criterios mercantilistas, con una remuneración atada al desempeño de estudiantes (artículo 24 inciso e):
• Restringe la libertad de expresión de trabajadores de la educación y estudiantes (artículo11 inciso 1):
Esto último fue interpretado por el gremio como la incorporación de una "mordaza ideológica" y "ciberpatrullaje" en redes sociales.
Objeciones de los docentes
EXPLÍCITO consultó a docentes de un Instituto Superior de Educación del Este, quienes confiaron que entre los puntos en discordia lo que indignó fue la vigilancia de las redes de docentes y alumnos, pero también porque "se presenta en un contexto de precarización laboral: sin ingreso a la docencia, sin concursos de concentración y traslado, sin paritarias, con una OSEP colapsada, entre otras cosas".
"Esto es Thomas, un técnico no docente, acostumbrado a manejar una empresa que es el ICEI, que nos quiere tener como empleados a los laburantes", manifestó una educadora en ese sentido.
Circula entre los docentes un documento con los puntos a los que se oponen, además de los expuestos por el gremio:
• Minimiza el deber del Estado de garantizar el presupuesto educativo, sueldos en blanco y remunerativos, consensuados en paritarias, que garanticen el mínimo vital y móvil.
• Minimiza el deber del Estado de garantizar infraestructura, higiene y seguridad.
• Abre el camino al autofinanciamiento educativo.
• Desconoce al estudiante como sujeto activo, con responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje.
• Asocia de manera exclusiva el aprendizaje de los alumnos al desempeño docente, estableciendo criterios de eficacia para la evaluación de estos últimos.
• Establece criterios de “compromiso” y “logro” en la carrera profesional docente, en lugar de criterios académicos y apartidarios.
• Abre el camino a la cesura en el uso de redes sociales y medios virtuales de los docentes y alienta la denuncia entre pares, desconociendo su derecho a la libre expresión y a la privacidad.
• No reconoce fines educativos relativos a la educación artística, las ciencias sociales la salud física y la salud psicológica.
• Amplía el derecho a la educación y las herramientas disponibles, pero no prevé la creación de cargos ni el pago de horas cátedra para gestionar dichas herramientas.
• Desconoce el derecho de autor de los docentes sobre sus propios materiales educativos.
• “Impulsa” una educación digital, con mejora del equipamiento y la conectividad, pero no la “garantiza”, lo que da lugar al financiamiento particular por parte de los miembros de la comunidad educativa: licencias, acceso a Internet, dispositivos, etc. aumentando las brechas educativas por factores socioeconómicos.
• Invisibiliza a actores de la comunidad educativa indispensables, como preceptores y miembro del servicio de orientación.
• Invisibiliza a las Juntas.
• Restringe el derecho de los estudiantes a participar de proyectos educativos.
• Contiene enunciados ambiguos, que favorecen la aparición de vacíos legales.
• Propone la evaluación externa, la cual persigue fines y tiene en cuenta variables ajenos a la educación local, lo que resulta en la distorsión de los datos relevados.
Este es el proyecto de ley que presentaron Thomas y Suarez:
