El oficialismo logró con los votos propios la aprobación en el Senado del contratode traspaso de la mina Potasio Río Colorado -que la minera Vale abandonó por no ser rentable- a la provincia de Mendoza.
La firma de reversión en contrato indica que la provincia será la encargada de administrar las instalaciones y buscar un socio comercial para operar la mina. De este modo, la empresa Vale evita penalidades que le podían haber correspondido luego del abandono que hizo del yacimiento.
El traspaso se hizo a través del decreto 1638 del 11 de diciembre de 2020 y la cámara alta le dio aval con 22 votos positivos, 2 negativos y 14 abstenciones del bloque del Frente de Todos.
La oposición criticó las cláusulas secretas del acuerdo y los "puntos oscuros" sobre los cuales no informó el Ejecutivo, como cuáles son los pasivos o las deudas de Vale con empresas como Techint, Odebrecht y el grupo Macri.
Rolando Baldasso (PRO) fue el miembro informante del proyecto, que ya tenía el visto bueno de Diputados. "Esta mina fue indudablemente la gran oportunidad perdida de la década pasada de la Provincia. El proyecto hubiera colocado a Mendoza en el mapa geopolítico internacional duplicando las exportaciones de Mendoza e incrementando su PBG en casi un 20%”, señaló el legislador.
Puntos secretos del pacto con una multinacional
Alejandro Abraham (PJ) hizo foco en el "sinnúmero de asesorías y estados contables que están hechos con fecha de corte a diciembre de 2019. No se dice el mecanismo utilizado ni hay conclusiones. Nos preguntamos cuáles son los pasivos, qué le puede estar debiendo potasio a los contratistas, subcontratistas y tercerizados, que no son empresas chicas".
"Hay cláusulas omitidas, como el punto 803, que es la obligación de la provincia de indemnizar, o las medidas de anticorrupción que debería tener este convenio que también se omite. Hay una oscuridad en todo el procedimiento", subrayó el justicialista.
"Hay una confusión en el tratamiento de la ley porque pareciera que se trata de un proyecto de distintos gobiernos o de distintos bloques. Lo que es transversal es el interés privado de una multinacional responsable de enormes crímenes ambientales como es Vale, que en Brasil fue responsable del rompimiento de los diques de cola y que en Mendoza tuvo un paso desastroso en lo económico", arrancó Lautaro Jiménez, del FIT.
"'¿Por qué un legislador tiene que guardar los secretos comerciales de Vale?', le pregunté al ministro Vaquié cuando vino -siguió Jiménez- y nos comparó con un accionista, que tiene derecho a conocer las cláusulas pero no a difundirlas. Tiene derecho a conocerlas para votar pero no a divulgar para preservar el derecho comercial de las empresas. Pero acá no somos accionistas. Tributamos impuestos como cualquier ciudadano".
El legislador fustigó la defensa de los intereses de Vale por parte de los legisladores. "El propio ministro de Economía aclaró que esto no tiene que ver con los 6 mil puestos de trabajo, sino que en la mina van a quedar 250 operarios, y siempre y cuando se encuentre un inversor privado y que esto empiece a andar. Mientras tanto, esas instalaciones van a ser un hostel, un centro de logística para apoyar los pozos de fracking que se están desarrollando en el sur provincial. Es un centro de logística".
A su turno, Marcelo Romano (Protectora) fustigó el acuerdo por las cláusulas secretas "para evitar juicios. Los juicios por las marañas de empresas off shore de estos empresarios ¿Qué responsabilidades están licuando?".
También criticó al socialismo, que se abstuvo previa intervención de Fernando Alín alabando el traspaso de Vale. "El socialismo acaba de arriar las banderas. Rubén Giustiniani hasta escribió un libro por el acuerdo con Chevron. Me dan asco cómo están pasándose por cualquier lado las ideologías, todo por respetar lo que el patrón dice por teléfono", espetó.
"Ni son austeros ni son transparentes. Son oscuros. ¿Cómo le explican a los mendocinos que hay un acuerdo con cláusulas secretas? Estamos hablando de Vale, más de 270 muertos en Minas Gerais. De este lado de la firma están Guiñazú, Mingorance y Vaquié. Guiñazú responsable de que Portezuelo del Viento sea el escándalo del siglo. Hicieron entrar por la ventana a los chinos y a los amigos", siguió.
"No es secreto, es confidencial"
Juan Carlos Jaliff (UCR) defendió el traspaso de la mina a la Provincia y dijo que "el contrato no es secreto sino confidencial, que es distinto".
"Todos han tenido los elementos para analizar el contrato. Tiene que ver con la transferencia de acciones de una empresa", señaló.
"Los juicios se los queda Vale, el estado no va a pagar las deudas de Vale. Esto ha sido revisado por el fiscal de estado. Se ha cumplido con todos los pasos necesarios para un contrato de estas características", agregó Jaliff.
