El área petrolera La Brea, donde se asienta la Comunidad Mapuche El Morro, fue adjudicada a la empresa Grecoil y CIA S.A., propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, y meses atrás fue objeto de una denuncia judicial para frenar la explotación de fracking allí hasta que no se haga un estudio de impacto ambiental y se consulte a los pueblos originarios como exige la ley.
En las últimas horas, la comunidad se presentó en el Ministerio Público Fiscal y denunció aprietes y amenazas de funcionarios municipales de Malargüe para desalojarlos del lugar.
Vila y Manzano no sólo planean hacer fracking en La Brea sino también en otras áreas malargüinas como El Manzano, Puesto Muñoz y Vega Grande-Tres Esquinas.
Grecoil fue adquirida por Vila-Manzano en 2011 como parte de su expansión en el rubro energético. Su plan es avanzar con la búsqueda de inversiones para expandir en fracking en el sur de Mendoza.
El plan fue objetado en una presentación de Xumek en octubre de 2020.
“Se llega a esta instancia luego de que tanto la directora de protección ambiental, Miriam Skalany, como el secretario de ambiente de la Provincia de Mendoza, Humberto Mingorance, arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking”, explicó la organización.
Xumek alega que tanto Mingorance como Skalany “niegan sistemáticamente el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública”.
Sin oír a los pueblos originarios
Otro punto central en el planteo de la organización y los abogados ambientalistas es el avance inconsulto que afecta a comunidades mapuches de la zona.
“El estado mendocino continúa incumpliendo con el deber de realizar la Consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas mapuche, Lof El Morro y Lof Malal Pincheira dañando su identidad cultural, modo de vida y violando el Territorio Comunitario indígena”, precisaron.
Estas acciones de los funcionarios responsables, remarcaron, “conducen a la flexibilización de la normativa ambiental que regula una actividad con muy alto impacto, como es el fracking, desconociendo y negando el consumo excesivo de agua, su relación con los sismos inducidos, los residuos peligrosos que genera, el uso de trazadores radioactivos, la afectación del caudal ecológico de las cuencas hídricas y de los humedales protegidos internacionalmente como la laguna Llancanelo”.
