Con una Declaración de Impacto Ambiental vencida en términos legales desde hace 8 años, el Senado comenzará a tratar esta semana en comisiones el proyecto de exploración de cobre Cerro Amarillo, en Malargüe. Rodolfo Suarez espera que se apruebe antes de fin de año.
Este jueves se hará la primera reunión y el análisis del proyecto será en dos comisiones, la de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda, presidida por Ernesto Mancinelli (Libres del Sur, aliado del oficialismo) y la de Hidrocarburo, Minería y Energía, cuyo titular es Rolando Baldasso (exPJ y ahora del PRO, también oficialista).
Al oficialismo le dan los números en ambas cámaras para sacar la ley, como ocurrió con la ley del cianuro que intentó convertir en letra muerta a la Ley 7722. El escenario de resistencia social es similar al de entonces, ya que las Asambleas por el Agua han planteado su oposición.
La resistencia al avance de Cerro Amarillo se apoya en dos pilares: la DIA es vieja y, además, en la zona el IANIGLA detectó glaciares y diversas crioformas.
Glaciares en la zona de extracción
El dueño de la empresa, Jorge Bengochea, y Raúl Rodríguez -representante legal del proyecto y vicepresidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza- admitieron en una declaración jurada la existencia de esos glaciares. No obstante, dicen que la extracción no los afectará.
En un documento público hicieron una lista de los glaciares y sus diversos tipos que hay en la zona del proyecto, pero aseguraron que o son demasiado pequeños, o están en retroceso, o directamente que sacar cobre de la cordillera -con lo que esto implica por desplazamiento de maquinaria pesada y acumulación de polvo, entre otras consecuencias- no los afectará.
La misma DIA que presentó Paco Pérez
Según el decreto 820 del 2006, la DIA debe actualizarse en forma bianual para la actividad minera, es decir que la presentada por Suarez para que trate la Legislatura está vencida.
En el último expediente cargado sobre Cerro Amarillo, constan intimaciones que se le hizo a la empresa desde 2014 y hasta 2019, sin embargo, la que adjunta Suarez es la misma que elevó en su momento Pérez en 2014, y que tiene contradicciones con pedidos de exploración presentados a posteriori por la empresa.
En ese sentido, el envío de Suarez habla de la exploración de 9 pozos, cuando en el último expediente cargado sobre Cerro Amarillo -un extenso documento de 230 páginas que puede leerse aquí- se informa de la exploración de 8.400 metros en 19 pozos distribuidos en La Blanca, Cajón Grande, Cerro Choro y Cerro Apero.
El uso de xantato o "detergente"
Por otra parte, el oficialismo habla de que el proyecto se ajusta a la Ley 7722, que impide el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería. En cambio, habla del uso de "detergentes" para la separación del metal, entre los cuales estaría el xantato -el mismo con el que se pretende reactivar San Jorge en Uspallata- lo cual encendió las alarmas de las Asambleas por el Agua, que llamaron a resistir el proyecto.
Por lo demás, Cerro Amarillo tendrá impacto directo en vertientes que son afluentes del Barrancas y el río Grande, a su vez afluentes del Colorado, por lo cual los asambleístas entienden que debería pasar el visto bueno del COIRCO, que nuclea a las cinco provincias que comparten ese río.
En cuanto al agua superficial, Cerro Amarillo incidirá, según dictámenes de Irrigación, en la cuenca de las nacientes del arroyo El Desecho, arroyo del Cajón Grande y arroyo del Cajón de los oscuros, mientras que la empresa no había informado, al menos hasta 2019, cuál sería la afectación de acuíferos y agua subterránea.
