"Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos" represivos, dijo el abogado Pablo Llonto, quien representa a una de las querellas de las víctimas.
Ex directivos de Ford serán los primeros empresarios juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa durante la última dictadura militar, en un nuevo juicio de la megacausa de Campo de Mayo que comenzará el 8 de julio próximo.
"Hasta ahora, ningún tribunal juzgó o condenó a empresarios o gerentes por su participación o autoría en estos delitos" represivos, dijo a Télam el abogado Pablo Llonto, quien representa a una de las querellas de las víctimas.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tramitará desde el 8 de julio los casos de unas 40 víctimas, en su mayoría obreros de la automotriz Ford y otras fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, pero también familiares de los trabajadores perseguidos.
El juicio oral y público debatirá sucesivamente cuatro agrupamientos de víctimas: los desaparecidos de los astilleros Astarsa y Mestrina, los de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur, los de la metalúrgica Bopavi y los de Ford.
Los imputados no son los mismos en todos los casos y tres de ellos son ex directivos de Ford, acusados de haber facilitado datos para el secuestro de 24 obreros de la automotriz en 1976 y permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, en la localidad bonaerense de Pacheco.
Antes del comienzo del juicio, el Tribunal deberá resolver sobre un planteo de nulidad presentado por la defensa de estos tres acusados en la audiencia preliminar que se realizó el 9 de mayo.
Los imputados son el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, "y no llegó como acusado el entonces presidente del Directorio de Ford (Argentina, Nicolás Courard) porque murió antes", detalló Llonto.
En otras jurisdicciones, pero con imputaciones similares, también deberían ser juzgados este año el dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador, Alberto Lemos, en una causa que está ya en el final de la instrucción, y Marcos Levin, propietario de la transportista La Veloz del Norte en Salta, causa ya elevada a juicio.
"La que llegue primero a juicio oral y sentencia, va a indicar, desde los fundamentos jurídicos, por qué se considera a un empresario partícipe o autor, y eso también va a ser interesante: si se le pone grado de participación o se le pone grado de autoría" en los delitos imputados, explicó Llonto.
Y esto "va a servir de fundamento, seguramente, para todos los demás juicios" en que propietarios o gerentes de numerosas empresas sean imputados por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de sus establecimientos.
La responsabilidad de civiles en crímenes del terrorismo de Estado sólo comenzó a ser investigada en los últimos años, y para marzo último representaban, según el CELS, alrededor del 13 por ciento del total de 2.239 imputados en causas de lesa humanidad.
Dentro del heterogéneo conjunto de los civiles en diversa medida cómplices o incluso integrantes de la dictadura cívico-militar, muchos menos son los dueños o directivos de empresas investigados por participar en la represión clandestina a sus trabajadores.
Además de las causas que implican a Ford, Ledesma y La Veloz del Norte, también el dueño del diario La Nueva Provincia (de Bahía Blanca), Vicente Massot, está siendo investigado en la fase de instrucción por el secuestro y asesinato de dos trabajadores.
Otras investigaciones judiciales del mismo tipo parecen bloqueadas o más demoradas, como las que involucran a empresarios o directivos de la automotriz Mercedes Benz, la yerbatera Las Marías o la cementera Loma Negra, entre muchas empresas más, tanto de capital privado, nacional o extranjero, como también estatales.
En otros casos, en gran parte de las provincias pero sobre todo en las principales ciudades industriales, hay cuando menos indicios de colaboración empresarial en la represión terrorista de Estado a obreros, delegados y dirigentes sindicales, pero aún sin indagados ni procesados.
Fuente: Télam
