La Organización de Estados Americanos (OEA) citó a una sesión extraordinaria para este lunes con el objetivo de “atender la solicitud” presentada por Argentina para convocar a una reunión de ministros de relaciones exteriores el próximo jueves, con el fin de considerar el tema de la reestructuración de deudas soberanas y el caso de los fondos buitre.
La sesión se realizará a las 10 (hora 11 de Argentina), en el Salón Libertador Simón Bolívar, de la sede central que la OEA posee en Washington.
La reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores que buscará llevarse adelante el jueves a las 15 (16 de Argentina), contará con la presencia y exposición del canciller Héctor Timerman, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, según indicó la OEA a través de un comunicado.
La solicitud del encuentro fue realizada por la misión permanente de la Argentina ante la institución liderada por el secretario general, José Miguel Insulza, con el propósito de considerar el tema “Reestructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas”.
Por otra parte, el gobierno nacional publicó este domingo una nueva solicitada en el New York Times y otros periódicos de EEUU en la que ratificó su "firme e incondicional voluntad de cumplir con sus obligaciones" con el objetivo de "descartar cualquier interpretación solapada que implique la introducción del eufemismo de `default técnico`".
"Para la República Argentina y para cualquier otro país soberano", señala el texto, pagar significa "el depósito de fondos en cumplimiento de las obligaciones previstas en el prospecto de emisión de los Instrumentos de deuda".
En ese sentido, el país subrayó querer "ejercer voluntariamente un derecho sin buscar con ello entrar en conflicto con otras decisiones judiciales que alteren las bases contractuales de un país soberano".
La misiva destaca que "los derechos de una mayoría clara y auténtica no pueden ser socavados por el 1% de los tenedores de bonos que, desde una posición minoritaria, están destruyendo los esfuerzos colectivos de la Nación y del pueblo argentinos para honrar sus compromisos, además de afectar los intereses y derechos de la mayoría de los tenedores
de bonos".
Según el gobierno nacional, el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa busca "empujar a Argentina al default y destruir el acuerdo de reestructuración de 2005 y 2010 que alcanzó con el 92,4% de los acreedores tras largas negociaciones".
En ese contexto, el gobierno nacional calificó de "inédita" e "insólita" a la decisión del juez Griesa de "bloquear" el pago realizado por el país y ratificó su compromiso de honrar sus deudas "con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal".
Para el Ministerio de Economía, el magistrado incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción "porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales".
