"Bullrich no tiene idea lo que está haciendo. Las fuerzas de seguridad no está preparadas ni capacitadas en Argentina. Les dan armas a chicos que no están preparados ni psicológicamente ni profesionalmente. Este protocolo de Bullrich es para proteger a la fuerza de seguridad de todos los crímenes que se han cometido". Quien estas palabras pronuncia es Mónica Campoy, madre de Andres Campoy, un estudiante que fue ejecutado en Mendoza en un control de gendarmería en la ruta, y cuyo nombre engrosa la lista de gatillo fácil de las organizaciones que luchan contra la violencia institucional en Mendoza.
Tal como ocurrió con Hugo Gómez Romagnoli, Carlos Marín, Sergio Domínguez, Alexis González y Victor Velez, Andrés murió en un retén de tránsito en Mendoza y su deceso, como en los mencionados casos, involucra el accionar de uniformados de las fuerzas públicas. Como madre de una víctima de abuso institucional en Mendoza, Mónica fustigó la protección que Bullrich y Macri pretenden para las fuerzas policiales, brindando tutela oficial a quienes disparen, aún por la espalda y sin dar la voz de alto, en el ejercicio de sus funciones cuando no sea necesario hacerlo.
Lo que muchos llaman la “legalización del gatillo fácil” o la “oficialización de la doctrina Chocobar”, implica que situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública “se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”, indicó el CELS a través de un comunicado específico tras conocerse la normativa dispuesta por Patricia Bullrrich.
Fue en el marco de una de esas situaciones que Andrés Campoy murió. "Les dan armas a quienes no están preparados. En un año ya son policías. En el caso de mi hijo Andrés, si hubiera estado preparado, el gendarme no hubiera cometido ese crimen. Este protocolo de Bullrich es para proteger a la fuerza de seguridad de todos los crímenes que se han cometido", señaló Mónica a EXPLÍCITO.
-¿La sociedad civil puede hacer algo al respecto?
-Si. Si todos nos unimos y salimos a pelear para que se derogue. A pedir basta de matar chicos inocentes.
-En Mendoza es notoria la reiteración de casos de gatillo fácil. ¿Cree que hay una conciencia social de eso o hay una aceptación a que la policía tenga vía libre para disparar según ellos consideren oportuno?
-No hay conciencia social. Ante la inseguridad que hay la gente pide más policía o gendarmería en las calles. Eso es grave. Si la justicia cumpliera con las leyes eso no pasaría. Por ejemplo el otro dñia al violador hijo de la fiscal que lo liberaron pese a que se comprobó que violó a la chica. O con el que tiró la piedra al micro de Boca y lo dejaron libre. Así es todo, asesinos y narcotraficantes libres cuando hay leyes para que estén presos. Hasta que no hagan cumplir las leyes y haya jueces y fiscales cómplices no va a haber seguridad.
Sobre la necesidad coyuntural de Bullrich de implementar un protocolo de este tipo, que da vía libre al gatillo fácil, Campoy analizó que "ahora el estado se va a lavar las manos. Van a armar causas y decir que lo mató porque hizo algo, y los medios de comunicación que lo apoyan... La sociedad lo va a creer y van a decir que si la policía o gendarmería mataron a un pibe es porque hizo algo".
A la espera de un juicio
Andrés fue retenido por gendarmes a la vera de la ruta 7 el 13 de junio de 2014 en Luján. Llevaba con el una carabina de 1860 de su abuelo materno que pensaba vender, contó su madre. Poco después Andrés muere de un disparo en la cabeza, según la versión de los gendarmes por suicidio.
Sin embargo, la necropsia desterró la versión oficial. A partir de la autopsia se comprobó que la bala habría sido disparada a dos centímetros arriba de la oreja derecha y el orificio del plomo coincidiría con el de un arma de calibre corto.
García Campoy tenía 20 años y cursaba el primer año de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad del Aconcagua. “El 12 de diciembre la psicóloga forense determinó que mi hijo no se suicidó”, indicó su madre. En las pericias que le hicieron no encontraron restos de pólvora y tampoco en el auto, contó la mujer y “tampoco había sangre” en el vehículo. Para ella “lo mataron afuera” del Peugeot 504 en que circulaba y después “armaron todo” para decir que fue él mismo quien se quitó la vida.
Por el caso de la muerte de Andrés Campoy hay dos gendarmes imputados: Maximiliano Alfonso Cruz, que sigue en funciones en Campo de Mayo, y Corazón de Jesús Velázquez, quien fue designado en Jesús María, Córdoba.
A cuatro años de la muerte, los esfuerzos por llegar a un juicio oral son muchos, y los avances escasos. "Hay un pedido de procesamiento pendiente de resolver. Intertanto rige para los imputados la falta de mérito dispuesta por el juez. Llegar a juicio en este caso, como todo caso de violencia institucional, es difícil", indicó a este diario Ramiro Villalba, abogado de Campoy. La causa está en manos del juez federal de Mendoza Walter Bento.
En la hipótesis de investigación planteada por la querella Alfonso Cruz es quien disparó el arma, mientras que Velázquez sería partícipe del hecho.
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