El Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (COPIG), la Asociación Geológica de Mendoza (AGM), el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM) y la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CAEM) expresaron sus objeciones a la modificación del Código de Procedimiento Minero que envió Alfredo Cornejo en su nueva avanzada prominera y que pretende esquivar a la Legislatura en la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos.
Aunque la embestida de Cornejo apunta a dejar en letra muerta la Ley 7722 sin reformarla, las mencionadas entidades no se pronunciaron en ese sentido -es sabido que son férreos detractores de la llamada por ellos "ley antiminera"-.
Su oposición se vincula en cambio a que no quieren quedarse afuera de los negocios que va a habilitar el Ejecutivo. La idea de Cornejo es hacer desaparecer ciertos intermediarios y trámites para darle toda la autoridad a la Dirección de Minería, en manos de Jerónimo Shantal.
En sendos comunicados publicados en los últimos días todas estas entidades se expresaron en contra de darle todo el poder a Shantal y le reprocharon a Cornejo que los deje afuera, entre otras críticas.
El gobernador les anticipó a los inversores en Canadá que pretendía que en vez de pasar por la aprobación legislativa, como exige la 7722 -paso refrendado por la Corte Suprema- la DIA sea sólo una decisión administrativa.
Los geólogos se quejaron de que Cornejo les quita "la debida y necesaria injerencia técnica especializada de profesionales matriculados en el COPIG y en otros Consejos o Colegios" en la aprobación de proyectos mineros, señalan en el comunicado.
"Desde el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (COPIG) y la Asociación Geológica de Mendoza (AGM), nos ponemos a disposición de esta Honorable Legislatura y de cada uno de los señores legisladores, así como del Poder Ejecutivo, para que junto a las demás Instituciones Técnicas, Universidades, Cámaras empresariales y la sociedad toda, abramos el espacio para estudiar, consensuar y armonizar este Proyecto de Ley que busca", le sugieren por fin a Cornejo.
Carta a los legisladores
A su turno, la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza (CASEM) expresó en una carta enviada a las autoridades legislativas sus temores de quedarse afuera de la entrega de proyectos mineros con la eliminación del Consejo Minero.
"El desarrollo del proyecto presentado denota falta de garantías y de mecanismos de supervisión que podrían propiciar situaciones de abuso, favoritismo e irregularidades en la asignación de concesiones mineras", señalaron.
Después remarcan su oposición a que sea Impulsa Mendoza, como anunció Jimena Latorre, la empresa por donde pasen en el futuro todas las decisiones.
Sin más vueltas, dicen que esto es ilegal: "Resulta contrario a derecho las potestades que se pretende otorgar a Impulsa Mendoza S.A. concediéndole derecho de preferencia para áreas que estén libres, que caduquen o estén vacantes, curiosamente se le entrega la responsabilidad de ser ella misma la encargada de licitar las zonas".
Señalan que entregarle todo el poder a Impulsa Mendoza S.A. es "un grave quebrantamiento del principio de igualdad" y que "facilitaría la figura del tráfico de influencias, teniendo en cuenta que dicha empresa estatal, creada por decreto y contraria al Código Minero Argentino, ostenta la posibilidad de dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada con terceros, al desarrollo de la actividad minera".
