Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 23 segundos
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó este miércoles una presentación internacional que busca exponer un entramado de violaciones a los derechos humanos en el juicio conocido como “Causa Vialidad”.
Por otra parte, la exmandataria publicó una carta abierta en sus redes en la que anticipó: “Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”.
El escrito, ingresado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el marco del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, detalla ocho vulneraciones concretas a ese tratado, que Argentina ratificó y que posee jerarquía constitucional desde la reforma de 1994.
Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026
Ocho violaciones al Pacto
Los abogados enumeraron una serie de irregularidades que, según su planteo, configuran un proceso judicial viciado:
- Derechos políticos: se habría vulnerado el artículo 25 del Pacto, ya que la condena perseguía impedir la candidatura de la exmandataria. “La inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”, sostuvieron.
- Juicio justo: se le atribuyeron responsabilidades administrativas que no le correspondían constitucionalmente y se basó la condena en un decreto aún vigente.
- Tribunal imparcial: denunciaron “forum shopping” y vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes opositores.
- Presunción de inocencia: desde el inicio, afirman, se instaló una presunción de culpabilidad, incluso con declaraciones públicas del actual Presidente de la Nación.
- Defensa limitada: se incorporaron pruebas de otros procesos sin posibilidad de contradicción y se negó documentación a la defensa.
- Revisión judicial: la Cámara de Casación no habría examinado los agravios y no existió un control efectivo de la condena.
- Ne bis in idem: 49 de las 51 obras públicas ya habían sido investigadas y archivadas o sobreseídas.
- Recurso efectivo: la Corte Suprema, con solo tres miembros, no garantizó un examen independiente. Incluso un juez recusado participó en la decisión sobre su propia recusación.
Medidas cautelares solicitadas
La defensa pidió al Comité tres medidas urgentes:
- Suspensión de la inhabilitación perpetua, por considerarla arbitraria y contraria a precedentes del organismo.
- Restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, ya que su actual composición de tres miembros afecta el Estado de Derecho.
- Modificación del régimen de prisión domiciliaria, incluyendo el retiro de la tobillera electrónica, acceso al aire libre y trato igualitario respecto de otros detenidos.
“Tras la sentencia condenatoria, interpuso recurso de casación, recurso extraordinario federal y recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la decisión de la Corte Suprema del 10 de junio de 2025, quedaron definitivamente agotadas todas las vías judiciales internas”, explicaron los letrados, habilitando así la instancia internacional.
La presentación de los abogados
En la presentación, los defensores remarcaron la importancia de la instancia internacional. Rafael Valim subrayó: “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas. El dictamen del Comité es una decisión que debe ser respetada por el Estado argentino”.
Javier Borrego destacó la jerarquía constitucional del pacto: “Argentina ratificó el pacto de derechos civiles y políticos, que según la reforma del ‘94 tiene jerarquía constitucional. Es la democracia, es el estado de derecho”.
Por su parte, Carlos Beraldi insistió en que la condena tuvo como finalidad la proscripción electoral de su defendida y que el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Una causa con impacto internacional
La defensa espera que el Comité de Derechos Humanos trate el caso en octubre, cuando se reúna en sus sedes de Ginebra y Nueva York. La expresidenta, en una carta pública, denunció nuevamente ser víctima de una persecución político-judicial y anunció la incorporación de Valim y Borrego al equipo encabezado por Beraldi.
Los abogados remarcaron que la vía elegida permite un acceso directo de los ciudadanos cuyos derechos fueron vulnerados, a diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que requiere instancias previas.
La presentación abre un nuevo capítulo en la disputa judicial y política en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con un escenario que trasciende las fronteras nacionales y coloca al Estado argentino bajo la mirada de la ONU.
