Ambientalistas, ingenieros de la UTN y abogados denunciaron que en la UTN regional Mendoza se inició una "feroz persecución" contra Humberto Vinante, profesor de esa casa de estudios, por advertir sobre las consecuencias del fracking y, en particular, por el accionar de la empresa petrolera de Vila-Manzano -antes El Trébol, luego fusionada con Andes para formar Phoenix Global Resources PLC-.
Vinante -ingeniero en recursos naturales por la UNCuyo, master en ingeniería nuclear por el Instituto Balseiro y profesor titular de la cátedra Integración II en la UTN- fue suspendido en febrero y enviado a juicio académico por acusaciones de alumnos de su materia. Los alumnos lo acusaron por comentarios sexstas.
No obstante, ambientalistas, el propio Vinante y los abogados que encararon su defensa argumentan que se trata de una persecución por sus críticas públicas al fracking. Analizan que es un capítulo más de la avanzada correctiva del gobierno a todos aquellos que se opongan a los proyectos mineros.
"No tuve derecho a defensa -señaló el profesor-. Me enteré de la denuncia cuando ya estaba ejecutada la suspensión". Sostuvo que algunos de los textuales que citan los denunciantes fueron proferidos en las clases, frente a testigos, "y que están grabadas porque yo mismo les he pedido que graben porque son clases extensas y muy técnicas".
Vila-Manzano en el epicentro del problema
Para desenarañar el ovillo que culmina con la suspensión de Vinante conviene remontarse a 2012, cuando se unifican los controles ambientales oficiales con operadores petroleros, como consta en el Boletín Oficial. En ese momento el actual vicedecano de la UTN, Rcardo Fuentes, jugó un rol como coordinador del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), según la misma información difundida por el Gobierno.
Los ambientalistas que respaldan a Vinante precisaron que, además, "Fuentes es directivo de la empresa AQS S.R.L. (productora de gasoductos y maquinarias para el fracking), y presidente de una sociedad privada creada por él mismo para el fracking y en la cual puso de testaferro a su hija de 21 años".
También figura como consultor de El Trébol, la petrolera de Vila-Manzano que luego se fusionó con Andes Energía Plc y formaron Phoenix Global Resources PLC. Recientemente, el Ejecutivo inició el proceso para habilitar a esta dupla de empresarios un área con 12 pozos de fracking en Puesto Rojas, Malargüe.
Cornejo inició el proceso para habilitar a Vila-Manzano otros 12 pozos para fracking
Vinante aseguró a EXPLÍCITO que las diferencias con el vicedecano comenzaron cuando él le hizo notar la incompatibilidad de intereses entre sus actividades petroleras privadas y su rol en la UTN.
Uno de los principales conflictos fue que la UTN, con Fuentes como parte de la petrolera El Trébol, es la institución que extrae y analiza las muestras de agua y la que dice si hay contaminación en la extracción de hidrocarburos. "Esto generó una serie de cuestionamientos internos de los ingenieros, que vieron que la credibilidad de la UTN podía verse afectada -señaló Vinante-. Pero muy pocos se atreven a hacer presentaciones porque el 75% de los docentes están allí de manera interina y deben ser confirmados en el cargo por la conducción".
Desde mediados de 2018 Vinantes dio una serie de charlas donde se explayaba en que la técnica de fracking a cargo de El Trébol "es mucho más peligrosa al usar pozos abandonados, que son más baratos que hacer una investigación y un poco desde 0. Al hacer fracing en pozos abandonados vos tenés 30% de falla segura porque usás conductos de hidrocarburos convencionales que no están preparados para la presión que se ejerce con la arena y los químicos de la fractura".
El ingeniero Vinantes rearcó que "la declaración de impacto ambiental que se le ha aprobado a El Trébol es para pozos convencionales. En el fracking la fuerza del flowback destruye los conductos tradicionales de acero de la extracción convencional".
Sin derecho a defensa
Los abogados que representan a Vinante -los penalistas Guillermo Guzzo y Alfredo Guevara- redactaron un pedido de nulidad de casi 300 páginas detallando cada una de las irregularidades del proceso que culminó con la suspensión del profesor.
"Lo que define que esto es una persecución son tres cosas. En primer lugar no se le dio derecho a defensa. A través de una maniobra forzaron que Vinante y ninguna voz disidente estuviera el día que el Consejo Académico trató la suspensión. No se le permitió un descargo. Y en tercer lugar las acusaciones se refieren a hechos prescriptos, que ocurrieron en 2017", explicó Guevara a EXPLÍCITO.
El debido derecho a defensa en este proceso consta en el artículo 12 de la ordenanza 613 de esa casa de estudios, donde se lee que debe dársele al "acusado" la posibilidad de que conteste lo que se le endilga en un lapso de diez días hábiles desde que fue notificado.
Guevara indicó que la denuncia fue motorizada por el Centro de Estudiantes y el sector Oficialista del Conesjo Departamental, "excluyendo a miembros de la oposición y negando todo derecho a defensa". Para Vinante esto constituye un episodio más de persecución a quienes se oponen públicamente al fracking.
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"No es la primera vez que se intimida y se vulnera la libertad de expresión de quienes nos oponemosal fracking y denunciamos la falta de controles ambientales. Se me ha negado el derecho a defensa y seme somete a un estigmatizante juicio académico", remarcó.
Mientras sigue el proceso contra Vinante, en la página change.org se multiplicaron los pedidos en su defensa de otros defensores del agua y contra el fracking, como Roxana Bruno, doctora en Inmunología, quien en las redes difunde su petición de firmas.
