Familiares de víctimas de gatillo fácil y la violencia institucional en Mendoza marcharon este martes para pedir el fin de la impunidad y el cese de políticas represivas.
Sobre el final de la marcha, en las escalinatas del Poder Judicial organizaciones sociales difundieron un documento en el que responsabilizaron a Mauricio Macri y sus aliados Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, y también al juez José Valerio y al ministro Gianni Vennier por "la intensificación de las políticas represivas y el cierre, archivo y estancamiento de las causas judiciales".
En la nación Patricia Bullrich, con la doctrina Chocobar y su aval explícito a la violencia de las fuerzas policiales, y en la provincia el Código de Convivencia implementado primero en Capital -territorio de Suárez- y después extendido por ley a toda la provincia, estuvieron en el centro de las críticas.
"Señalamos al Estado como principal responsable, que a través de sus responsables engrosó en el último tiempo el aparato represivo para reprimir al pueblo que a nivel racional declara la emergencia en seguridad pública asignando presupuesto a políticas de mano dura, desfinanciando las políticas de educación, trabajo, justicia, vivienda y salud", arrancó el documento.
Previo a la marcha, familiares de gatillo fácil y violencia institucional en Mendoza brindaron su testimonio en una transmisión especial de radio Cuyum para el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Por allí pasaron Sabrina Benítez (hermana de Lucas Carrazco), Mónica Campoy (madre de Andrés Campoy), Elsa Navarro, madre de Willy Gil, y referentes de organizaciones políticas y sociales.
Repasaron las consecuencias de las políticas represivas al servicio de un gobierno neoliberal, entre ellas "la criminalización de la protesta social" y la persecución a movimientos sociales, estudiantiles, organizaciones sociales, barriales y de pueblos originarios.
Las organizaciones sociales que marcharon señalaron en el documento que "es el mismo estado que intenta bajar la edad de imputabilidad y ofrece como su mejor alternativa a la juventud el servicio cívico voluntario gestionado por la Gendarmería, que construye más cárceles que escuelas y hospitales, que hostiga en las calles y tortura en contextos de encierro, hospitales, neuropsiquiátricos y comunidades terapéuticas cerradas".
Este es el documento completo leído al finalizar la marcha:
