Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 10 segundos
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por Luis Caputo al Congreso incluye beneficios fiscales para concesionarias de rutas nacionales que generaron cuestionamientos en la oposición. El artículo 67 dispone ventajas impositivas no solo para futuras licitaciones, sino también para empresas con contratos vigentes que realicen "ampliaciones de obra".
La medida generó polémica en el ámbito empresario porque las firmas que ya poseen contratos los obtuvieron en licitaciones con reglas que no contemplaban estos beneficios.
El texto oficial establece que serán beneficiarios "los titulares de contratos de concesión de obra pública vinculados a una licitación que se celebre a partir de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial para la construcción de rutas nacionales". Además, extiende las ventajas a la "ampliación de obra por concesiones de rutas nacionales ya existentes".
La definición de qué constituye "ampliación de obra" queda sujeta a interpretación amplia, según advirtieron fuentes legislativas. Los contratos vigentes no contienen exigencias significativas de obras para los concesionarios, lo que amplía el margen de aplicación del beneficio.
Cartellone, afaire
La concesión de rutas nacionales ya había generado controversia cuando el gobierno de Javier Milei adjudicó las rutas 12 y 14 a la empresa Cartellone, de la familia mendocina que se recuperó de una crisis que puso en riesgos a la corporación. Se trata de dos de los caminos más transitados de la Argentina y claves para el comercio del Mercosur.
La polémica surge de que Cartellone está involucrada en la causa Cuadernos y arrastra otras diez causas en la Justicia. El propio Milei firmó un decreto que prohíbe que las compañías implicadas en casos de sobornos puedan ser contratistas del Estado. En este caso, el gobierno avanzó con la adjudicación.
El proyecto de Presupuesto 2027 fija como ejes principales el mantenimiento del superávit fiscal y proyecciones de crecimiento del 4% e inflación del 18% para el próximo año. El debate parlamentario comenzará en octubre en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará acuerdos con bloques aliados y gobernadores.
Palo y zanahoria
El artículo 67 habilita a las concesionarias a practicar amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias por inversiones en bienes muebles adquiridos para la ejecución de la concesión y en obras de infraestructura vial. Para bienes muebles, la amortización mínima será en dos cuotas anuales iguales y consecutivas. Para obras de infraestructura vial, se calculará reduciendo la vida útil estimada al 50%.
El proyecto también contempla un mecanismo de reintegro o certificado de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las operaciones realizadas para cumplir los objetivos asumidos en los contratos. Asimismo, las empresas podrán computar el 100% del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (impuesto al cheque) como pago a cuenta de Ganancias, IVA o contribuciones patronales, en ese orden de prelación.
El artículo 67 invita a las jurisdicciones a otorgar exenciones en los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos para los contratos de concesión vial. La última línea del artículo establece que esa adhesión "será condición necesaria" para la vigencia de los beneficios que ofrece el Estado nacional en Ganancias, IVA e Impuesto al Cheque.
La estructura del artículo traslada presión a los gobernadores, quienes deberían resignar recaudación provincial para que las concesionarias accedan al paquete completo de incentivos nacionales. El tributarista Mario Volman señaló que el régimen presenta ventajas significativas y lo comparó con una "especie de RIGI para estas empresas".
