Mauricio Badaloni, uno de los dueños de diario Los Andes, declaró este lunes en el Polo Judicial en el marco de la causa que Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, inició contra Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos y asambleístas de esa localidad, encarcelados tras protestar contra el proyecto San Jorge.
Badaloni, presentado como testigo por la querella, .estuvo la tarde de la inauguración de la oficina de proveedores mineros que derivó en una protesta vecinal contra San Jorge. Ante el fiscal Juan Manuel Sánchez y los abogados no reconoció ni a Soria ni a Cornejo entre quienes habrían provocado disturbios.
El empresario —quien adquirió el diario junto a un pool de inversores vinculados a la minería— reconoció tener negocios como proveedor de empresas del sector. Afirmó haber visto herido a Flavio González en medio de la turba enfurecida que atacó a vecinos durante la protesta. González fue defendido por Cornejo ese día, cuando se le vinieron encima militantes de la UOCRA.
El dueño de la empresa de transporte Andesmar ha provisto micros para el traslado de militantes pro-minería tanto a Uspallata como a audiencias públicas sobre distintos proyectos extractivos. Declaró que fue insultado en Uspallata, aunque no identificó entre los agresores a Soria ni a Cornejo.
Por otra parte, Badaloni reconoció que quienes se habían reunido en la oficina que preside Vera la tarde de los disturbios pudieron salir de allí por sus propios medios pese a la protesta. "Esto es importante para nuestros defendidos porque derrumba el argumento de una supuesta privación ilegítima de la libertad", señaló a EXPLÍCITO Marcelo Romano, quien integra la defensa técnica de Soria.
Empresario cercano a Cornejo
Badaloni es miembro de la UIM, dueño de Andesmar y fue beneficiado por múltiples negocios por su cercanía al cornejismo. Se quedó por ejemplo con la concesión de la Terminal por 50 años, incluído el hotel que se terminó el año pasado. Es proveedor de servicios de transporte en Vaca Muerta, y es uno de los empresarios especialmente interesado en que se instalen las mega mineras en Mendoza.
También declaró una mujer policía que participó del operativo en Uspallata el día de la protesta. "Sólo reconoció al hombre que ya fue condenado y no forma parte de las asambleas", resumió Romano.
Las declaraciones se dan en el marco de una causa que la jueza Claudia Tula envió a la justicia federal, y de allí pasó a la Corte por un tema de competencia, pero después fue retomada por el fuero local. El galimatías judicial y el retorno a los tribunales provinciales fue en su momento celebrado por Alfredo Cornejo.
