El Gobierno suspendió el decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado, y alcanzaba a unos 3.000 funcionarios nombrados bajo su gestión.
El decreto 36/2019, publicado este sábado en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ya había sido anunciado por el jefe del Estado, quien había declarado que ese tipo de "picardías" se iban a "revisar".
La norma "suspende por 180 días el decreto N° 788/19" y "convoca a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, a reunirse dentro de los próximos 90 días".
El decreto suspensivo establece además que "en ningún caso, la prórroga de las
designaciones podrá exceder el 31 de marzo de 2020”.
Asimismo instruye a los "ministros y ministras, secretarios y secretarias de la Presidencia de la Nación, autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal".
La revisión deberá realizarse en un plazo "no mayor a seis meses, en cualquier instancia en que se encuentren a fin de analizar su legalidad, y en particular, el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado, merituando los antecedentes presentados por los postulantes", agrega el texto.
En tanto, el artículo 7 dispone la revisión de las contrataciones de personal "efectuadas en dichos ministerios u organismos, durante los últimos tres años".
Además, las autoridades deberán "reportar los avances" de las acciones instruidas en el decreto mediante un "informe sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de los cargos autorizados a concursar y los contratos celebrados".
Entre los considerandos se analiza que la implementación del decreto firmado por Macri implicaría "una disrupción y una desigualdad en la carrera del personal de la administración pública", al tiempo que no se "constataría una relación razonable con las escalas salariales" vigentes.
Las autoridades concluyen que "resulta necesario un análisis y control pormenorizado de la legalidad" del decreto 788/2019.
