Con 21 votos del oficialismo y aliados el Senado aprobó este martes la modificación del proyecto de ley que achica el Comité de Prevención de la Tortura y reduce casi a cero la participación de organizaciones de la sociedad civil en el control de cárceles y comisarías. El proyecto fue presentado a fines del gobierno de Cornejo y Suarez lo reimpulsó en su gestión.
La cornejista Mercedes Rus defendió el achique del comité. "Mendoza no está en una situación de gravedad. Es una de las cinco que tiene comité y procurador y una norma que lo regula".
Natalia Vicencio, del Frente de Todos, rechazó la reforma y anticipó el voto en contra del Frente de su bloque. "La protección de derechos no se garantiza con menos, siempre es con más. Nunca es achicando, con mayor participación, con mayor república y libertad, palabras que usa mucho el oficialismo pero después no se condice con los hechos. Pensábamos que no íbamos a poner más en discusión las garantías de los Derechos Humanos, que tienen que ver con la participación y el control de los organismos de voz especializados".
La senadora Cecilia Juri (FdT) declaró que esta propuesta es un "retroceso para la provincia de Mendoza. Lo que se está proponiendo es reducir a la mínima expresión la participación de la sociedad civil. No es necesario disminuir la presencia de estos organismos. Entendemos que nuestra legislación que supo ser de avanzada presenta un retroceso", afirmó.
El senador Lautaro Jiménez (FIT) también rechazó la iniciativa en discusión. "Todos los organismos de derechos humanos rechazan esta reforma por una razón muy sencilla. Al rebajar los veedores de 12 a 2, que además no cobran un sueldo, no son veedores rentados, son voluntarios, y tienen acceso a lugares terribles como los calabozos y detenciones. Se los quiere correr. ¿Por qué se los quiere correr de las cárceles? Tiene un objetivo político claro que es fortalecer la represión la persecución en la provincia de Mendoza".
"Se quiere mostrar a Mendoza como la cuna de la república y las libertades democráticas y todo el tiempo están llevando adelante este tipo de reformas represivas y oscurantistas. Sacan esta ley porque tienen conciencia histórica, saben que van a reprimir y van a atacar. Los que organizan marchitas contra la impunidad quieren impunidad, lo demuestran con estas leyes", agregó el legislador de la izquierda.
"Todas estas cosas van mancillando la calidad institucional de la provincia, y el pueblo no es tonto. ¿Para qué quieren hacer esto? ¿Para torturar a los pobres? ¿Para que no cuidemos a los abuelos internados en los geriátricos? ¿Quieren que haya otro Próvolo?", se preguntó el legislador del PJ Alejandro Abraham.
