El presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) le pidió a Rodolfo Suarez que deje sin efecto la modificación de la ley que creó el Comite de Provincial de Prevención de la Tortura, mediante la cual el oficialismo planea la virtual eliminación de la participación de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos como contralor en cárceles, comisarías y otros lugares de encierro.
En la misiva, Juan Manuel Irrazabal le pide información a Suarez sobre esos intentos de reformas, planteadas por su antecesor, Alfredo Cornejo, y retomadas ahora en las discusiones en la casa de las leyes.
Suarez busca eliminar el control de organizaciones sociales y de DD.HH. en cárceles y comisarías
Antes de irse del gobierno, Alfredo Cornejo y su ministro de Seguridad, Gianni Venier, enviaron a la Legislatura un proyecto de reforma de la Ley 8284 que creó, en 2011, el Comité de Prevención de la Tortura (CPPT), un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado, resultante de un acuerdo con la ONU que Argentina está obligada a cumplir. Cornejo y Venier cranearon un organismo donde se elimina el concurso para presidir el comite y se le quita poder a las organizaciones civiles y de DD.HH reduciendo de 12 a 1 miembro de representación.
El CPPT controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. Observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Es un organismo que puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial políticas para prevenir y erradicar la tortura.
El organismo nacional recordó que "la Comisión provincial forma parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que Argentina se comprometió a crear cuando ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas".
"El proyecto que busca reformar la Ley 8.284 reduce la participación de las organizaciones de la sociedad civil y no está en sintonía con los principios de independencia, imparcialidad y autonomía que deben organizar los mecanismos locales de prevención en el país. Asimismo, el Comité manifiesta que la iniciativa de reforma legislativa desconoce el acuerdo de solución amistosa entre peticionarios y el Estado nacional aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el Informe 84/2011, en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”
Rechaza el Comité Nacional la idea de Cornejo y Suarez de eliminar el concurso para elegir al Procurador de las personas presas. Se trata, evaluó el organismo , de "un retroceso evidente en materia de idoneidad e independencia de quien ocupe ese cargo estratégico".
También refutó el recorte a la participación en la Comisión de las organizaciones de derechos humanos, organismos "cuyo surgimiento es anterior a la existencia del mecanismo local y que llevan adelante, desde hace décadas, litigios estratégicos, inspecciones y monitoreos destinados a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad en la provincia de Mendoza", apuntó el comuté en un comunicado adjunto a la carta del presidente.
Esta es la carta que le envió el Presidente del Comité Nacional a Rodolfo Suarez:
