Tras la aprobación de la DIA de San Jorge y el paquete de leyes que le abre la puerta a la megaminería, Mendoza atraviesa un momento crítico con un escenario de represión, criminalización y ausencia de garantías. Así lo denunciaron organizaciones de Derechos Humanos y abogados ambientalistas que solicitaron la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la que le piden que active mecanismos internacionales de alerta y seguimiento ante la persistencia de prácticas regresivas que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino.
El comunicado, firmado por XUMEK, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática y otras entidades, describe un panorama alarmante:
“En la provincia se vienen registrando detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza policial, restricciones al derecho a la protesta y prácticas de criminalización contra personas defensoras ambientales”.
Denuncias sobre la minería y el agua
La denuncia no se limita a episodios aislados. Las organizaciones advierten que las decisiones públicas vinculadas a la actividad minera se toman sin “informes técnicos independientes ni los impactos sobre el agua, la salud y la matriz productiva local”.
Según advirtieron, "en la provincia se vienen registrando detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza policial, restricciones al derecho a la protesta y prácticas de criminalización contra personas defensoras ambientales, en un contexto de decisiones públicas vinculadas a la actividad minera que no contemplan informes técnicos independientes ni los impactos sobre el agua, la salud y la matriz productiva local"
En otras palabras, el Estado provincial avanza con políticas extractivas sin evaluar sus consecuencias, mientras reprime a quienes se oponen.
“El conflicto por el agua en Mendoza está siendo tratado como un problema de seguridad y no como una cuestión de derechos humanos y participación democrática”.
Exigencias a la Defensoría
La exigencia central es clara: la creación inmediata de una Delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Mendoza, con presencia territorial permanente y capacidad de intervención directa.
“Se reclama la creación urgente de una Delegación… así como un dispositivo de orientación y acompañamiento para la ciudadanía, asambleas y organizaciones sociales”, postularon.
El comunicado recuerda que Argentina es Estado Parte del Acuerdo de Escazú, que obliga a brindar “protección reforzada a las personas defensoras del ambiente”. La advertencia es contundente: la situación en Mendoza “podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado por acción u omisión”.
Transparencia y monitoreo
Las organizaciones reclaman que la Defensoría “informe de manera pública y transparente sobre las acciones, estrategias, resoluciones y medidas preventivas” que adopte en relación con los conflictos socioambientales.
También exigen que intervenga “activamente en el monitoreo de la situación de Derechos Humanos en la provincia, en particular en lo relativo a la garantía del derecho a la protesta social, la protección del agua y del ambiente, y la seguridad e integridad de las personas defensoras ambientales”.
La Policía de Cornejo irrumpió en una asamblea estudiantil contra San Jorge y la megaminería
Alerta internacional
El documento va más allá: pide que la Defensoría evalúe “la activación de mecanismos internacionales de alerta y seguimiento ante la persistencia de prácticas regresivas”.
La referencia a organismos como el Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuerza la gravedad de la denuncia:
“Se requiere la intervención para frenar el uso excesivo de la fuerza policial, las detenciones arbitrarias y las restricciones ilegales al derecho a la protesta social”.
Dimensión indígena
El comunicado también incorpora la dimensión indígena, reclamando que se garantice “el respeto y la implementación de manera clara, transparente y culturalmente adecuada de los derechos a la consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas en Mendoza”.
La advertencia es precisa: la consulta no puede ser “un mero trámite informativo”, sino un mecanismo real de participación y autodeterminación.
Hostigamiento y tutela ambiental
Las organizaciones denuncian un retrato de un Estado provincial que, en lugar de proteger, hostiga.
“Se solicita que la Defensoría adopte medidas concretas para prevenir el hostigamiento, la represión y la criminalización de las personas defensoras del agua y del ambiente”, señala la denuncia.
Y agrega: “Se requiere, de manera complementaria, la creación de un dispositivo de orientación y asesoramiento para la ciudadanía y las organizaciones sociales, que facilite el acceso a la información, la denuncia y la protección de derechos”.
Llamado a la legalidad
El cierre del comunicado es un llamado directo a la legalidad:
“Finalmente, se solicita que la Defensoría exhorte a las autoridades de los distintos poderes del Estado provincial a adecuar sus conductas y prácticas a las normas legales, constitucionales y convencionales vigentes en la República Argentina”.
Laboratorio represivo
La síntesis que sobrevuela el comunicado es que Mendoza se ha convertido en un laboratorio de represión frente a la protesta ambiental, donde el agua —bien común y derecho humano— se trata como mercancía y la defensa de la naturaleza como delito.
Las organizaciones no solo denuncian, sino que advierten: si la Defensoría del Pueblo no actúa, la responsabilidad internacional del Estado argentino quedará comprometida. En tiempos de crisis climática y escasez hídrica, la represión de quienes defienden el agua no es solo un problema provincial: es un síntoma de regresión democrática que interpela a todo el país.
