La Policía de Mendoza irrumpió en una asamblea interfacultades en la plaza Italia este lunes por la tarde, cuando estudiantes intentaban organizarse para debatir estrategias de organización en defensa del agua tras la aprobación de la DIA del proyecto minero San Jorge.
Según denunció la sede Cuyo de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la presencia policial constituyó un intento de intimidación: agentes se acercaron a los estudiantes, registraron su presencia y justificaron el operativo como “cobertura de seguridad”.
“Lo que necesiten estamos para brindar seguridad a ustedes y a las inmediaciones”, soltó una mujer policía frente a los participantes, en un diálogo registrado por los propios asistentes.
El momento quedó registrado por uno de los asistentes y fue difundido por Correpi:
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Un patrón de represión sistemática
El episodio no es aislado. En los últimos días, Mendoza ha sido escenario de múltiples hechos de represión vinculados a las protestas contra la megaminería. El jueves pasado, en el KM0, la Policía desplegó un operativo con gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones. Entre los arrestados permanecen privados de libertad los hermanos Facundo y Renzo Gollano, cuya detención fue solicitada por el fiscal Fernando Giunta.
Correpi advirtió que la presencia policial en asambleas y encuentros vecinales no busca garantizar derechos, sino “disciplinar, intimidar y criminalizar la participación”, vulnerando libertades básicas como el derecho a reunirse y expresarse.
Los manifestantes lo sintetizaron en una consigna:
“Asamblearse no es delito. Defender el agua no es delito. Organizarse no es delito.”
Responsabilidades políticas y repudios
La organización responsabilizó directamente al gobernador Alfredo Cornejo y a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, por cualquier hecho de violencia o represalia que pueda ocurrir contra los estudiantes.
El clima de tensión se profundizó con las detenciones de al menos 17 personas en la capital y en Godoy Cruz, entre ellas periodistas que luego fueron liberados. Estos hechos generaron repudios del Sindicato de Prensa mendocino, de asambleístas y de Correpi, que denuncian un intento de silenciar voces críticas y criminalizar la defensa del agua.
Doos detenidos en esta protesta aún permanecen en el calabozo: Facundo y Renzo Gollano, hermanos y asambleístas a quienes el Fiscal Fernando Giunta, afín a Alfredo Cornejo, ordenó mantener detenidso,
Una estrategia de control social
La ocurrido en la plaza refleja un patrón: la represión como respuesta estatal frente a la organización popular. La vigilancia en asambleas, la violencia contra estudiantes y las detenciones arbitrarias aparecen como piezas de una misma estrategia de control social.
Correpi insiste en que la defensa de los bienes comunes y el derecho a la protesta son pilares de la democracia, y que la represión no puede convertirse en la norma.