Ignoraron los signos evidentes de tortura y ejercieron el cinismo en todas sus variantes. Todos los testimonios que hasta esta semana se escucharon en el juicio a jueces, funcionarios judiciales y policías ilustran con detalle lo que los acusados hacían con los detenidos -militantes o no, activistas sociales o no- que eran llevados a los juzgados y comisarías imposibilitados de declarar por las heridas y vejámenes, físicos y emocionales aplicados en pos de sacarles información que permitiera, a su vez, detener a más personas.
El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 16 de junio a las 9, cuaando prestarán declaración Guido Actis, Alberto Muñoz e Ivonne Larrieu. Un repaso de lo que los testigos vivieron aquellos años pinta el cariz de lo que se está juzgando en los tribunales de Mendoza y muestra el rostro de los principales imputados, los ex jueces Otilio Ireneo Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo, y los policías, militares y penitenciarios involucrados.
Silvia Ontiveros
“Yo escuché aquí a Miret que decía que no sabía lo que pasaba y que tardó mucho en darse cuenta. Caramba, cuánto se hubiera evitado si lo advertía. ¿Pero tanto tardó en advertirlo, qué más necesitaba?, ¿Y Romano, que era fiscal, por qué no hizo nada, por qué no investigó?”
En cuanto a su experiencia con el juez Rolando Carrizo reseñó: “Disfrazada me llevaron frente al juez. Tan mal estaba yo que me sostenían entre dos policías. Entonces le dije a Carrizo: ‘Doctor, me han violado, mire cómo me han dejado’. Y él me respondió: ‘¿No te habrás caído vos’?
Otra situación de connivencia judicial que debió padecer Ontivero estuvo vinculada con su hijo, Alejo Hunau, al que secuestraron junto con ella y luego entregaron al padre. Un primo de éste, el doctor Hugo Ostropolsky, en octubre de 1977, logró que se dictaminara abandono de hogar, cuando era público que estaba presa en la cárcel. Así perdió la patria potestad sobre el niño y le impidieron que viera a Alejo durante seis años. Esa resolución de abandono de hogar fue avalada, entonces, por el Juzgado de Familia.
Mariú Carreras
Mariú y su familia recibieron duros golpes. En algo más de un mes desaparecieron, su compañero Rubén Bravo; su hermano Marcelo Carrera y su esposa, Adriana Bonoldi, embarazada. A partir de estos hechos inicia una constante búsqueda que continúa hasta el presente.
La testigo reveló varias pistas sobre Rubén Bravo que confluyen en la comisaría 7ª de Godoy Cruz. Asimismo, mencionó las expectativas falsas que lanzaban los represores generando un juego de esperanza y frustraciones.
Relató que en una Navidad los llamó por teléfono el subcomisario de Relaciones Policiales, de apellido Lencinas, a quien solían consultar por los desaparecidos: “¿Están contentos, no han llegado?, nos dijo, “y no sé por qué lo hizo”, expresó. También relató una entrevista con Tamer Llapur, entonces en la jefatura del Ejército, quien comunicó a los padres de Bravo, Carrera y Bonoldi que sus hijos habían sido detenidos por “ideólogos” y que cuando fueran recuperados saldrían en libertad.
En la tarea de realizar averiguaciones, relató que Juan Garibotte, ya condenado en el III juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, le dijo a su madre que si a él lo llamaban y le decían que en un lugar había un subversivo, iba y lo mataba.
Carlos Cangemi
Carlos Cangemi fue indagado en tres oportunidades: en la primera, el 17 de noviembre del ’75, el entonces Juez Luis Miret, le leyó las acusaciones pero le impidió denunciar las torturas recibidas en el D2, por lo cual “el Pichi” se negó a declarar.
La segunda fue ante el Juan Yazlli, el 15 de junio de 1976, cuando amplió la imputación inicial al denunciar las torturas recibidas al momento de su detención y solicitó la revisación médica. Se dispuso la realización de un examen psicofísico que nunca se efectuó.
Finalmente, recordó que cuando fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, el juez Guillermo Petra, reconoció las lesiones en los genitales y en las encías, pero no actúo ni investigó nada en relación con esto.
"Pudo haber hecho mucho –reflexionó- pero algunos prefieren la carrera, la realización propia”, concluyó.
Nélida Correa Llano
En cuanto a su relación con los jueces imputados, relató que fue llevada del D2 a un despacho de la Justicia Federal. Allí le tomó declaración un secretario y luego se presentó Guillermo Petra Recabarren como defensor. Le exhibieron una foto de Emilio Assales y allí escuchó, de voz de Petra: “Ése está cortando margaritas debajo del suelo hace rato”.
Efectivamente, cuando se trató la causa por la muerte de Francisco “Paco” Urondo, en un juicio anterior, se conoció que Assales fue secuestrado y desaparecido en 1977. Evidentemente, el entonces defensor, estaba bien informado.
Ricardo D'Amico
Después del D2 fue llevado, junto a sus compañeros/as, al Juzgado Federal que en ese momento se encontraba en calle Las Heras. Allí ingresaron uno por uno, esposados y sin vendas, para comparecer ante el Juez Miret y dos secretarios.
Según el testigo, en ese momento, estaba atravesando una crisis depresiva, “lloraba mucho y tenía la actitud de un niño de 5 años”, estaba mal física y psíquicamente. Miret aprovechó para interrogarlo, amistosamente, sobre sus contactos “para sacarme más información que el D2 no me pudo sacar”, dijo.
D’Amico se mostró reiteradamente molesto por el uso que hizo el juez Miret de su estado, debilidad y aturdimiento en la intención de sonsacarle datos, aunque no lo consiguió. Asimismo, aclaró que nunca le fue ofrecido un abogado defensor.
Daniel Rabanal
El testigo, inicialmente, no recordaba los nombres de los penitenciarios; el Fiscal Dante Vega debió leerle su declaración anterior; recién entonces ratificó los nombres de Bonafede, Bianchi y Barrios como los más recordados.
Además, aportó que una vez en el patio, en medio de los detenidos “me exigieron que gritara ‘mueran los putos Montoneros’. Como me negué, me pegaron por todos lados y me hicieron subir a la rastra una escalera. Ahí Bianchi caminaba sobre mi cuerpo y me pisaba la espalda. Eso me provocó fractura de costillas”.
En cuanto al capítulo judicial de su testimonio, Daniel Rabanal repasó que después del D2 “nos llevaron a una comisaría donde estaba el juez Carrizo. Yo tenía 15 kilos menos que hacía un mes, lesiones en todo el cuerpo y un talón infectado. Me preguntó cómo estaba y yo le contesté ‘es evidente cómo estoy’. Era todo muy irregular.. Y yo me negué a declarar”.
Graciela del Carmen Leda
Leda fue precisa en el reconocimiento de miembros del D2. Identificó a Marcelo Moroy, Julio Lapaz, Rubén Gonzalez y al fallecido Bustos Medina.
El querellante Varela le preguntó si podía reconocerlos entre los imputados presentes en la sala. Se puso de pie, observó, diferenció a Lapaz por la indumentaria; luego afirmó: -González no está-. Tal cual, así era. Explicó que sobre los mencionados no tenía dudas, “durante los 50 días que estuve en el D2 los vi a ellos”, porque eran quienes trasladaban a los/as detenidos/as al Consejo de Guerra a cara descubierta.
Aportó los seudónimos que utilizaban para encubrirse: “Caballo Loco”, “Padrino”, “Carlos”, etc., y recordó que quien la torturaba era “El Porteño”.
Antes de terminar la audiencia, Graciela, mirando al estrado de los acusados, dijo: “ellos estuvieron en los secuestros y torturas” y agregó, “pueden decir dónde están los compañeros desaparecidos”.
Fernando Rule
Rule fue trasladado del D2 para declarar ante el juez Rolando Carrizo e intentó que le tomara la denuncia de las visibles torturas sufridas: “A ver, carajo, si me entiende. Me va a decir lo que yo quiero que conteste.. y guarda…!, a ver si cuando sale de acá pierde el pellejo”, amenazó.
Ante semejante actitud, Rule se abstuvo de declarar. El testigo señaló que además de aquel encuentro con Carrizo tuvo contacto con Gabriel Guzzo, Jorge Garguir y Guillermo Petra Recabarren. Éste último lo visitó en La Plata, en condición de defensor; al igual que el exjuez Carrizo, quería hacerlo hablar de su militancia y no del trato recibido.
“Cuénteme la verdad –le dijo- tiene que responder ante la Justicia con la verdad, para que yo pueda morigerar su condena”, entonces, se sintió más indefenso que antes.
Rodolfo Molinas
También se refirió a la indagatoria del Juez Carrizo. Contó que llegó desde el D2 “mugriento, descalzo y con un pantalón de mujer”. Molinas solicitó al juez que le diera 48 horas para reponerse porque estaba aturdido, confuso, pero el magistrado optó por cerrar el asunto consignando que se abstuvo de declarar.
La correspondiente acta está rubricada con un garabato y la impresión digital de Molinas ya que no podía manejar las manos paralizadas por las torturas. Molinas agregó que le faltaban dientes y su estado era deplorable. Sin embargo, el mismo día, al ingresar a la cárcel un médico de apellido Corradi, asentó en un informe: “no presenta lesiones”.
En cuanto al trato recibido en la penitenciaría provincial, aseguró no haber tenido “incidentes”, pero recordó las agresiones sufridas durante la famosa requisa de julio de 1976. En cambio, se explayó largamente sobre los padecimientos en la Unidad 9 de La Plata donde murió Marcos Ibáñez.
Fuente: juiciosmendoza.blogspot.com
