La agrupación H.I.J.O.S realizó en San Rafael una pegatina de afiches en San Rafael pidiendo por datos de uno de los represores que se fugaron del Hospital Militar en Buenos Aires, Jorge Antonio Olivera, quien tiene uno de sus hijos como sacerdote del Verbo Encarnado en ese departamento.
En toda la ciudad apareció cartelería con la cara del genocida condenado por delitos de lesa humanidad en San Juan, inclusive en la puerta del obispado, según reporta el Diario de San Rafael.
El hijo del represor, Javier Olivera Ravasi, vive en San Rafael y se desempeña como sacerdote adscripto a la Parroquia San Maximiliano Kolbe, cerca del microcentro departamental.
H.I.J.O.S. "empapeló la ciudad", señala el diario sureño, con los carteles que hizo públicos el Ministerio de Justicia de la Nación, en los que se ofrece 2 millones de pesos de recompensa a aquellos que brinden datos útiles que permitan su detención.
“La información tendrá carácter de secreto, y los datos de quienes la aporten se mantendrán en la más absoluta reserva. Comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, Ley 26.375, al teléfono 011- 5300-4020".
El 25 de julio Olivera y Gustavo De Marchi -ambos condenados en San Juan por crímenes de lesa humanidad- se escaparon del Hospital porteño Cosme Argerich. Los represores habían sido trasladados al lugar por razones de salud y permanecían internados, pese a contar con el alta médica para volver a la cárcel.
Los dos miembros de los grupos de tareas de la dictadura habían urdido un plan para ser trasladados desde su lugar de detención, en San Juan, y aprovechar presuntas complicidades en el Hospital Militar de la Avenida Luis María Campos. La esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien considera a los represores condenados “presos políticos”, se desempeña como psicóloga del mismo Hospital.
Ante esas evidencias, el Ejecutivo fijó una recompensa de 2 millones de pesos por cada uno de los fugados; presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal (recayó en el juzgado federal 11 de Claudio Bonadio); solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que prohíba a través de una acordada la atención médica de civiles y militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar de Palermo (ver aparte); envió oficios a todas las policías provinciales y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se refuerce la vigilancia de las fronteras; pasó a retiro a los siete oficiales y suboficiales del Ejército del área de Sanidad que tienen responsabilidad en el episodio; y ordenó iniciar una revisión general del estado de salud de todos los presos por delitos de lesa humanidad para impedir que se repitan maniobras como la que permitió la fuga de Olivera y De Marchi.
