Tiempo estimado de lectura: 2 minutos, 36 segundos
La frontera extractiva volvió a sumar kilómetros en Mendoza con la sanción definitiva a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto de cobre San Romeleo, en Malargüe. La iniciativa, perteneciente a LABSA S.A. y operada por la firma AREX MINING S.A., busca reactivar un emprendimiento clave dentro del plan minero encabezado por Alfredo Cornejo. Sólo LUM, que en el Senado había votado a favor, se desmarcó de las manos levantadas para el avance extractivo.
Geográficamente, San Romeleo se sitúa a unos 160 kilómetros en línea recta del casco urbano de Malargüe, a 20 kilómetros del río Grande, a 2,5 kilómetros de la Reserva Payunia, a 65 kilómetros del río Colorado, a 108 kilómetros de la laguna Llancanelo y a 153 kilómetros del río Salado.
Al tratarse de un emprendimiento categorizado por la Dirección de Minería como una mina a reactivar con una planta de beneficio proyectada para superar las 80.000 toneladas anuales, la tramitación requirió adecuarse a las previsiones de la etapa V del Decreto N.º 820/06.
El antecedente en el Senado: consenso y apoyos estratégicos
En la Cámara Alta, el interbloque Encuentro Mendocino —espacio que nuclea al peronismo tradicional e institucional alineado con intendentes del espacio en alianza con referentes de La Unión Mendocina (LUM)— acompañó afirmativamente la aprobación de la DIA. Este movimiento ratificó la coincidencia de fondo en torno a la matriz productiva y el desarrollo minero en el sur mendocino, reproduciendo acuerdos que ya se habían plasmado anteriormente en debates sobre proyectos emblemáticos como San Jorge o el trazado del Malargüe Distrito Minero Occidental.
Sin embargo, a pesar de garantizar los votos clave para el avance de la iniciativa, ese bloque opositor desplegó en el Senado diversos cuestionamientos de índole procedimental. Esgrimiendo reparos sobre la celeridad en el tratamiento legislativo, la bancada buscó marcar diferencias con el Poder Ejecutivo sin entorpecer la marcha formal del expediente.
La propaganda oficial: controles y aval técnico
El expediente de San Romeleo fue promocionado por el oficialismo en la misma tónica que otros como San Jorge o MDMO. El Gobierno asegura que hubo una "exhaustiva evaluación interdisciplinaria" antes de su arribo al recinto y que el procedimiento incluyó tres talleres participativos —dos organizados en modalidad virtual por la Autoridad Ambiental Minera y uno por la empresa titular— y una audiencia pública realizada el 6 de diciembre de 2025 en las inmediaciones del proyecto, en Malargüe, donde participaron 237 personas y expusieron 75 oradores.
A su vez, el Gbierno apeló a instituciones de peso como escudo: dijo que pasó el tamiz de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM), conformada por instituciones como el INTA, el CONICET Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Municipalidad de Malargüe, el Departamento General de Irrigación y distintas dependencias provinciales.
La votación definitiva en Diputados y el quiebre de LUM
El tramo final de la discusión en la Cámara de Diputados selló la aprobación definitiva por mayoría de votos, aunque dejó al descubierto un contrapunto político directo respecto de lo ocurrido en el Senado: el bloque La Unión Mendocina (LUM) cambió su postura y votó de manera negativa, marcando la única oposición en el recinto.
Al fundamentar el rechazo de LUM, el diputado Jorge Difonso (uno de los autores de la Ley 7722 y férreo opositor al plan minero de Cornejo) argumentó que su espacio no acompañaba la propuesta debido a "la falta del inventario cartográfico de amenazas naturales y antrópicas del lugar; la generación de un índice de riesgos que contemple la peligrosidad como la vulnerabilidad social; la prevención de riesgos y desastres; y el proyecto pedagógico para la reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos".
El PRO votó a favor, según fundamentó la diputada Stella Huczack hubo amplia participación en las audiencias y el cumplimiento estricto de la Ley 7722. Además, remarcó el impacto económico proyectado: "Si esta cantera logra un funcionamiento adecuado, la provincia podría dejar de importar el 75% del sulfato que utilizamos, lo cual es un avance muy importante para nuestra economía".
Desde el Partido Justicialista, el diputado Gustavo Perret dijo que es un proyecto "necesario", aunque sugirió revisar las exigencias burocráticas futuras para emprendimientos sin procesos químicos agregados. En la misma línea, el diputado Lucas Ilardo (FP) ratificó el respaldo de su bancada destacando que las sugerencias trabajadas oportunamente en el Senado fueron contempladas en el texto final, cerrando así la etapa parlamentaria que pone en marcha la reactivación minera de San Romeleo.
MÁS EXPLÍCITO
Exportaciones récord, regalías mínimas: lo que dejan las mineras en las provincias no llega al 1% de lo que sacan
Cayó Mingorance: el alfil cornejista fue eyectado de AYSAM tras escalar el conflicto por las cloacas vertidas al Pescara
