En un capítulo más del largo proceso de desgaste y persecución ideado por Alfredo Cornejo para someter a los gremios, este martes 5 en el Polo Judicial volverán a sentarse en el banquillo de los acusados referentes de ATE acusados por protestar en las calles. Los fiscales afines al Ejecutivo pidieron elevar la causa a juicio, pero el juez dilata la resolución y somete a los implicados a una seguidilla de audiencias judiciales sin fin.
El oficialismo pretende someter a juicio por diversas manifestaciones a dirigentes de ATE, SITEA, Apel y Atsa, imputándolos por el Artículo 194 por movilizaciones en el marco de las paritarias. En paralelo, pactó con la CGT una supuesta "paz social" que le garantiza que no habrá protestas mientras ejecuta su plan de desguace y despidos y la imposición de la megaminería.
"En lo que va del año hemos metido 180 amparos gremiales por la violación de los derechos de los afiliados a ATE. Esto no ha ocurrido en 30 años de democracia, está ocurriendo en Mendoza. Es un disciplinamiento que dice que el que protesta tiene que ir preso", postuló Roberto Macho, uno de los acusados.
También entran en la criminalización referentes ambientalistas, a quienes se somete a idéntica sucesión de audiencias en pos de un juicio que se demora pero que, mientras tanto, mantiene en un constante transitar de tribunales a sus protagonistas. El caso emblemático es el de Nora Moyano, asambleísta de Las Heras acusada de "secuestrar" legisladores.
Macho, encarcelado en plena paritaria
Entre los sindicalistas que el Gobierno hace fatigar los Tribunales, además de Macho, también están Adriana Iranzo (secretaria adjunta), Roberto Podio (secretario de Comunicación) y Romina Castro (secretaria de Derechos Humanos).
En 2022, Macho fue encarcelado "por rechazar una propuesta salarial en baja estuvo detenido, ese es el verdadero ejemplo que hay en Mendoza cuando haces uso del derecho constitucional de protestar, ir preso". De esta manera sintetizó ATE la política de persecución ejecutada por Rodolfo Suarez.
Macho fue encarcelado merced a una política de persecución del cornejismo en tándem con el aparato de poder judicial manejado por el oficialismo, apalancado en este caso por el fiscal Fernando Giunta Baglini y el procurador Alejandro Gullé.
