Documental de Dietmar Post

La “querella argentina”, una batalla contra la impunidad del franquismo

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Por Enrique Llopis
Para Rebelion

En agosto de 1936 las tropas franquistas bajo el mando del general Yagüe sembraron el terror en la ciudad de Badajoz, con masacres como la ocurrida en la plaza de toros; la cifra de republicanos muertos varía según las fuentes, pero podría acercarse a las 4.000. En febrero de 1937, el crucero italiano Eugenio di Savoia bombardeó Barcelona con un balance de 18 muertos; en esas fechas se produjeron los primeros ataques navales y aéreos del fascismo italiano sobre Valencia, y el uno de abril las bombas de los junkers alemanes causaron cerca de 159 muertes en Jaén.

El 26 de abril la Legión Cóndor nazi y la fuerza área italiana arrojaron toneladas de explosivos sobre Gernika, un mes después del bombardeo de Durango. También fueron víctimas de los ataques por mar y aire los civiles que huían –en la llamada “desbandá”- a través de la carretera Málaga-Almería, en febrero de 1937 (el éxodo de la población civil pudo alcanzar las 300.000 personas y el de muertes por las bombas, un mínimo de 5.000); además, según el historiador Javier Rodrigo, los 180 campos de concentración del franquismo acogieron a cerca de medio millón de internos (el último campo, en Miranda de Ebro, fue clausurado en 1947); las víctimas de desaparición forzada -enterradas en cunetas y fosas- superan las 100.000. Asimismo, según el Ministerio de Justicia, en el territorio español se distribuyen 2.500 fosas comunes del franquismo, la mayor de ellas ubicada en el valle de Cuelgamuros, en Madrid.

“Todos estos lugares fueron silenciados durante décadas”, afirma Dietmar Post, co-director junto a Lucía Palacios del documental de 97 minutos “La causa contra Franco: ¿El Nuremberg español?”, estrenado en septiembre de 2018 en la sala Mirador de Madrid. El antecedente de la película se sitúa en 2010, cuando el Tribunal Supremo español dictó un auto de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo (Garzón fue absuelto en 2012 del presunto delito de prevaricación). Así, la batalla contra la impunidad continuaba. El documental tiene como punto de inicio y desarrollo la denominada “querella argentina”, presentada el 14 de abril de 2010 por asociaciones y familiares de las víctimas para que se investigara el “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad” franquistas y se condenara a los autores.

La instructora de la querella es María Servini, jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires, que ordenó la detención preventiva con fines de extradición –basándose en el principio de jurisdicción universal- de 24 presuntos responsables de los delitos. Las dos resoluciones de Servini –septiembre de 2013 y octubre de 2014- imputaron entre otros a Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales el tres de marzo de 1976 cuando la represión policial de una huelga en Vitoria terminó con cinco obreros asesinados y más de 150 heridos; otro de los imputados es el policía Juan Antonio González Pacheco (“Billy el niño”), por presuntas torturas contra 15 detenidos entre 1971 y 1975 (en julio de 1977 el BOE publicó la orden firmada por Martín Villa, entonces ministro de la Gobernación, que otorgaba la Medalla de Plata al Mérito Policial al inspector González Pacheco).

“La justicia y el gobierno españoles se negaron a colaborar con la jueza Servini y le impidieron tomar declaración a los acusados”, explica el documental; dos de los argumentos centrales del Estado español figuran en la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo: la prescripción de los delitos y la Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977, que la sentencia del alto tribunal califica como “un pilar esencial, insustituible y necesario para superar el franquismo” y una medida, entre otras, orientada “hacia la reconciliación nacional, en la que se buscó que no hubiera dos Españas enfrentadas”.

La citada Ley 46/1977 establece la amnistía para “los actos de intencionalidad política” tipificados como delitos y faltas por la dictadura, pero también –en el artículo segundo- para “los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. En octubre de 2017, Amnistía Internacional presentó 205.000 firmas ante el Ministerio de Justicia en las que se pedía que la Ley de Amnistía “no sea un mecanismo de impunidad”, y recordó que –desde 2013- cinco organismos de Naciones Unidas han instado a la derogación del texto legal, por su “incompatibilidad” con las obligaciones internacionales del Estado español. Además, el pasado 20 de marzo el Congreso de los Diputados rechazó –con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos- la propuesta para una reforma de la Ley 46/1977 de Amnistía, de modo que pudieran investigarse los crímenes del franquismo; la reforma fue defendida por Unidos-Podemos, ERC, el PNV, EH Bildu, el PDeCAT y Compromís.

Dietmar Post ha presentado “La causa contra Franco” en el Centre Cultural Octubre de Valencia, en un acto organizado por Associació Ciutadana i Comunicació (ACICOM), Acció Cultural del País Valencià y el grupo municipal de EUPV-IU en Aldaia. Lucía Palacios y Dielmar Post estrenaron en 2013 el documental “Los colonos del caudillo”, que analiza la dictadura a partir de uno de los 300 “asentamientos” – el de Llanos del Caudillo (Ciudad Real)- construidos por el Instituto Nacional de la Colonización adscrito al Ministerio de Agricultura franquista.

Los ejemplos incluidos en “La causa contra Franco” podrían prolongarse hasta hoy. Tres familiares de Enrique Suárez Ferrera presentaron el 13 de febrero una denuncia en el Consulado de Argentina en Madrid por la desaparición de este minero y vecino de La Rina (Asturias), tras ser detenido por la guardia civil en abril de 1948; los allegados piden la exhumación de la fosa de Pozo Funeres, donde supuestamente fue arrojado Enrique Suárez con otros tres capturados el mismo día. El Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas interpusieron el 31 de enero una querella en los juzgados de la ciudad contra 25 personas –entre ellas siete policías y siete gobernadores militares-, acusados de los delitos de genocidio y lesa humanidad en la guerra de España y la dictadura. La querella se fundamenta en los testimonios de 136 víctimas y sus familiares que, informó el consistorio, serán incorporados a la causa instruida por la jueza Servini.

“Mi padre y otros fueron a misa y, cuando salieron, les esperaba una pareja de la guardia civil y dos chicos jóvenes de 17 años, de aquí de Busturia (Vizcaya), vestidos de falangistas ya. Se llevaron a mi padre y al otro a Bermeo (Vizcaya) y ya no les vimos más”. Es el testimonio de los hermanos Julen y Elisa Kalzada sobre la suerte de su padre, Doroteo Kalzada, recogido en “La causa contra Franco”. Concejal del PNV de Busturia, Doroteo Kalzada fue fusilado por las tropas franquistas en junio de 1937; María Servini tomó declaración a los dos hermanos en los juzgados de Gernika, en 2014.

Otro querellante en la causa argentina es Antonio Narváez, que en septiembre de 2015, con 82 años, declaró en los juzgados de Sevilla por el fusilamiento de su padre y su madre -en julio de 1936- perpetrado por unos falangistas; su voz se incluye en el documental de Dietmar Post y Lucía Palacios, al igual que el testimonio de Elsa Osaba, hija y sobrina de refugiados republicanos españoles en Francia; “Mi tío Francisco, cuando llegan los alemanes, es conducido a unos stalags (campo para prisioneros de guerra) y de ahí llegó en un convoy a Mauthausen, en abril de 1941”, recuerda. “Yo conozco a centenares de personas que han sido torturadas por Muñecas: bañera, electrodos, golpes…”, afirma el antropólogo forense Francisco Etxeberria. El capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, figura entre los acusados por Servini en el auto de 2013, por presuntas torturas a Andoni Arrizabalaga tras su detención -en agosto de 1968- y permanecer 22 días incomunicado. El documental incluye entrevistas con la hija del general Yagüe y con José Utrera Molina, fallecido en 2017; el político de extrema derecha desempeñaba el cargo de ministro-secretario general del Movimiento cuando la dictadura ejecutó al militante libertario Salvador Puig Antich.

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