La reforma de la Suprema Corte que impulsa el cornejismo y el nuevo intento de imponer en la agenda cambios en la Constitución de Mendoza por parte de Rodolfo Suarez pueden leerse linkeados al interés de los empresarios mineros por avanzar a toda costa en los proyectos extrativistas a gran escala pendientes en Mendoza y frenados por las leyes proteccionistas del ambiente.
La eliminación de la Sala II de la Corte implicaría, entre otras consecuencias, que todas las causas por las cuales es denunciado el Gobierno de Mendoza por violar la constitución en temas ambientales sean resueltas por el pleno de la Corte, es decir una mayoría de 4 a 3 de jueces filoradicales.
Por ejemplo. el pedido de inconstitucionalidad del decreto que dio vía libre al fracking en 2018, está frenado en la Sala 1 pendiente de resolución de la Corte, mientras las empresas petroleras perforan el subsuelo de Mendoza a todo ritmo.
Otra demanda similar por inconstitucionalidad también espera resolución de la Corte: esta vez contra la resolución 249 de Irrigación que dio vía libre a la petrolera de Vila y Manzano al fracking, cediéndole agua dulce -subterránea y de río- para hacer fracking en el puesto Rojas, Esta situación fue denunciada, además, por un exfuncionario de Cornejo.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Oikos Red Ambiental y la Federación Argentina de Espeleología (FADE) impugnaron administrativamente cada etapa del procedimiento en el cual se habilitó el fracking en Mendoza vía decreto de Cornejo, con recursos de amparo y pedidos de inconstitucionalidad, planchados en la Sala I de la Corte.
Señala FARN al respecto: "Rodas las resoluciones de los magistrados se han basado en los informes del Gobierno, sobre los cuales no podemos afirmar su objetividad. Sumado a esto está la presión ejercida por los sindicatos y municipios interesados directamente sobre los magistrados, demostrando un poder judicial endeble y parcial. No hay hasta la fecha rigor científico en ninguna resolución judicial, demostrando lo atrasado que se encuentra el poder judicial en temas ambientales en la provincia de Mendoza".
Fue resuelto por el pleno de la Corte, aunque con otros integrantes, cuando la minera San Jorge buscó declarar inconstitucional el artículo 3 de la Ley 7722 -que ordena que deben pasar por la Legislatura los estudios de impacto ambiental de los proyectos-.
La embestida del gobierno contra la Sala II, último resquicio de poder no dominado completamente por el cornejismo, tendría su efecto en sentencias dictadas en procesos relativos a derechos de incidencia colectiva, como lo son aquellos que requieren la tutela del ambiente, entre otros.
Reforma para dar autonomía a los municipios
El gobernador volvió sobre el tema en la apertura del XXXI Congreso Nacional de Derecho Procesal, en el Sheraton, al que también asistió el juez de la Corte nacional Ricardo Lorenzetti, quien también visitó Maipú la semana pasada.
El proyecto no logró apoyo para ser debatido ni en 2020 ni este año. Propone, entre otros puntos, eliminar bancas en la Legislatura y la autonomía municipal que reclama, por ejemplo Malargüe, para hacer minería. Sin embargo, el Gobierno necesita dos tercios de los votos para avanzar, y por ahora no los tiene.
La concentración de poder entre fuerzas mayoritarias, reduciendo la participación de partidos chicos, y el siempre latente lobby de proyectos mineros al acecho fueron los cuestionamientos centrales que cosechó apenas difundido el proyecto de ley que envió el gobernador para reformar la Constitución.
Los ejes de propaganda a través de los cuales el mandatario puso a andar su iniciativa reformista son el achique del Estado y la eliminación de las elecciones de medio término, en teoría para ahorrar dinero.
Porqué el lobby minero quiere la reforma
Dos de los puntos son impulsados por los lobbistas de la megaminería: el régimen municipal autónomo y la resolución de las acciones de inconstitucionalidad y el conflicto entre poderes del Estado sea resuelto por el pleno de la Suprema Corte.
Sobre este último punto, por ejemplo, hay pedidos de inconstitucionalidad del decreto que habilitó el fracking, que una corte cuya mayoría es filoradical avalaría. También se resolvió por esta vía la constitucionalidad de la Ley 7722, que en su momento dejó una puerta abierta a futuros cuestionamientos.
