La Suprema Corte aceptó el pedido del radicalismo para imponer una medida cautelar que impedirá al gobierno de Francisco Pérez tomar deuda hasta que se resuelva la constitucionalidad de la ley de reconducción presupuestaria. Los radicales plantearon la ilegalidad de esa norma, porque fue aprobada con mayoría simple y en el fondo autoriza a endeudar la provincia, objeto que requiere al menos dos tercios de los votos en la Legislatura.
La decisión del máximo tribunal implica que Pérez tendrá que arreglarse con los fondos que dispone, sin posibilidad de contraer un crédito. La cautelar fue dictada por la Sala I del máximo tribunal, que está integrada por Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares y Luis Böhm. Los dos primeros firmaron la resolución que admitió el planteo de los radicales, mientras que el tercero no participó por estar de licencia.
El Gobernador advirtió a fines de la semana pasada que si se enfrentaba a ese escenario tendría problemas para pagar los sueldos y prestar los servicios básicos del Estado.
Los radicales lo acusaron de plantear un falso escenario para presionar a los legisladores y la Justicia. En este ámbito, si el Gobierno intentó presionar la acción no le dio resultados, porque el máximo tribunal actuó en tiempo veloz para convalidar la cautelar que pidieron los radicales a la par de la presentación de una demanda por inconstitucionalidad de la ley que pretendía usar Pérez como respaldo para pedir plata.
El radicalismo desde fines del año pasado libra una batalla contra las intenciones del Gobierno para financiar un cinco por ciento del presupuesto con endeudamiento. En ese contexto, el oficialismo no pudo sacar el presupuesto 2014 con aprobación legislativa, por lo cual la gestión se rige por la pauta anterior.
En un intento por saltar el impedimiento a la deuda interpuesto por los radicales, el gobierno apuró la sanción de una ley a la que denominó de reconducción presupuestaria. En el fondo, esa norma se planteó con el objeto de avalar el pedido de crédito que requiere Pérez. La reconducción fue aprobada por mayoría simple en ambas Cámaras.
Los radicales fueron a la Justicia a denunciar que bajo esas circunstancias la ley era inconstitucional, al mismo tiempo que pidieron que la Suprema Corte, órgano a cargo de la causa, dictara una medida cautelar que impidiera la aplicación de la ley de reconducción hasta tanto se dirima su constitucionalidad, un proceso que puede llevar muchos meses hasta resolverse.
Sin cautelar, el Gobierno podría haber usado la ley mientras los jueces analizaban la cuestión de fondo. Con cautelar vigente, como finalmente sucedió, Pérez deberá aplicar otro plan.
