Mendoza es la provincia con mayor cantidad de prófugos de la justicia buscados por delitos de lesa humanidad. El dato lo revela el último informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad sobre el estado de las causas. Son 13 los fugitivos sumando las jurisdicciones de Mendoza y San Rafael.
Ya en 2016 la Procuvin advirtió sobre la alta tasa de fugas en Mendoza, con 18 buscados en ese entonces. En la última actualización figuran 13 prófugos, lo cual mantiene a Mendoza al tope de la lista en todo el país. La siguen de muy lejos la Ciudad de Buenos Aires y Rosario, con 4 prófugos respectivamente.
Imputaciones masivas
La cantidad de evadidos aumentó en Cuyo en 2013 por una serie de imputaciones masivas en las causas por delitos de lesa humanidad. Ese año el fiscal general Dante Vega hizo saber que "el preocupante incremento de la cantidad de fugas" de acusados en esa zona del país tiene relación con el "contexto de imputaciones masivas que han sido instadas" y por "los respectivos pedidos de detención que fueron interpuestos en forma simultánea con tales presentaciones".
De 611 causas en trámite, el 40 por ciento se encuentra en etapa de instrucción, el 36 por ciento obtuvo sentencia, el 17 por ciento tiene elevación a juicio y sólo el 2 por ciento está actualmente en juicio oral.
Informe Procuvin
"La mayor parte de los profugamientos datan del último año y en su mayoría han tenido lugar en las ciudades de San Rafael y Mendoza, precisamente vinculados a la intensa labor persecutoria desplegada por el Ministerio Público", señaló la Oficina mendocina en un informe.
En ese momento 72 imputados por delitos de lesa humanidad estaban prófugos, de los cuales 24 eran de Mendoza. Los datos actualizados al 15 de marzo de 2019 indican que siguen prófugos 34 imputados. De esos, 13 tienen causas en Mendoza (9 en el TOF 1 en la Capital y 4 en San Rafael):
El resto de las jurisdicciones con prófugos son Mar del Plata y La Plata (con 3 fugitivos cada una), Bahía Blanca y San Nicolás (2), y con un prófugo cada una Chaco, Córdoba, Paraná, Formosa, Salta, Santa Fé, Tierra del Fuego y Tucumán. En el resto del país la procuraduría no registra evadidos.
Continúa reduciéndose el número de personas detenidas, con el descenso a un total de 977 a marzo de 2019. Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante.
Informe Procuvin
Recapturados
Varios nombres fueron tachados de la lista de prófugos recientemente: entre ellos, el del represor Jorge Antonio Olivera, fugitivo desde el 2013, cuando escapó de un penal de San Juan junto a Gustavo De Marchi.
Olivera tiene 3 causas de lesa humanidad iniciadas en San Juan y una en San Rafael, donde ejerció como sacerdote del Verbo Encarnado uno de sus hijos.
En la lista de recapturados se anotan también el ex miembro de la Fuerza Aérea Guillermo Campanille, en tanto que el 5 de febrero fue aprehendido el militar retirado Mario Guillermo Ocampo.
A Ocampo se lo acusa por privación ilegítima de la libertad de desaparecidos en San Rafael y Alvear. Lo detuvieron en un country de Pilar luego de que se detectara la IP desde donde accedía a sus correos electrónicos. Sobre Campanille pesaba una orden de captura nacional e internacional desde 2014. Está procesado por delitos como privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio y asociación ilícita, presuntamente cometidos en Mendoza durante la última dictadura. Los hechos -alrededor de cuarenta, en perjuicio de 10 víctimas
Caso emblemático: el cura Reverberi Boschi
Uno de los casos emblemáticos de evasores de la justicia es el del sacerdote Franco Reverberi Boschi, quien fue visto por varios de los subrevivientes del terrorismo de Estado en los calabozos de San Rafael donde se torturaba presos para sacarles información.
El cura ítalo-argentino -cuyo nombre se repitió en los testimonios del II Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael- se refugió en Parma Italia. La APDH pidió por escrito varias veces al Vaticano que dejara de protegerlo para que pudiera ser juzgado.
Hace dos años, la Corte de Casación de Italia denegó el mismo día la extradición del coronel Malatto y de Reverberi Boschi, ambos imputados en la Argentina por torturas, con el argumento de que éste es un delito que no contempla su Código Penal.
Este es el mapa presentado por la Procuvin:
