"En función del nuevo D.N.U. y del agravamiento de la situación sanitaria", las Asambleas por el Agua suspendieron la acción que iban a desarrollar este martes y miércoles frente a la Legislatura para resistir la nueva embestida político-empresarial contra la Ley 7722.
Hicieron así referencia a las nuevas disposiciones que suspendieron las reuniones sociales por 15 días ante el aumento de los brotes de COVID-19 en todo el país.
Ojeda insiste
En medio de la obligada cuarentena por la pandemia, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda (UCR), volvió a la carga para que ese departamento quede afuera de las regulaciones de la Ley 7722, que impide el cianuro en la megaminería, “para poder lograr el desarrollo minero y el despegue definitivo que nos merecemos”, arengó el jefe comunal.
El referente sureño fue uno de los militantes de la ley del cianuro de Suarez, que luego tuvo que derogar por presión popular. Desde entonces rearmó su estrategia reuniéndose con referentes del lobby minero. La nueva embestida de Ojeda para separar el territorio que gobierna de las generales de la ley se dio en el marco de una queja por no recibir el equivalente de las regalías petroleras en los últimos quince días.
Los lobbistas siempre al pie
Por otra parte, los empresarios que pidieron durante años, y sobre todo al inicio del gobierno de Suarez, que se derogara la 7722, salieron al ruedo en varios frentes a pedir por la megaminería como la solución pospandemia para Mendoza.
Encabeza esa avanzada el presidente de la Unión Industrial Mendoza (UIM) y dueño de Andesmar, Mauricio Badaloni. En la misma semana, el empresario del transporte fue noticia por una protesta de sus empleados porque no paga los sueldos desde marzo, y además, elaboró con referentes de varias cámaras empresarias una propuesta de 10 puntos para Suarez para enfrentar la pospandemia, en la que incluyó el avance del proyecto minero San Jorge, en Uspallata.
Uspallata en la mira
Mientras las calles de Mendoza estaban en plena ebullición por el derribo de la Ley 7722, mandaderos de la minera San Jorge, de capitales rusos, ingresaron en la Dirección de Protección Ambiental el proyecto de Impacto Ambiental para sacar oro y cobre en Uspallata. La ley del cianuro de Suarez sólo duró 10 días, pero fueron suficientes para reactivar los engranajes siempre aceitados de los lobbistas mineros.
Esa es la razón por la cual vecinos y asambleístas de Uspallata, apoyados por la organización de las Asambleas por el Agua en toda la provincia, retomaron al inicio de 2020 el reclamo para que San Jorge -punta de lanza de otras 300 concesiones en la montaña- no pueda concretar lo que quiere hace años: dinamitar la roca y usar tóxicos para sacar el oro y el cobre.
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