Por la remoción del juez Luis María Cabral como subrogante de la Cámara Nacional de Casación Penal, la oposición y el gobierno quedaron enfrentados nuevamente con acusaciones cruzadas de atropello institucional.

El Consejo de la Magistratura decidió apartar al juez Luis María Cabral como subrogante en la Casación y nombrar en su lugar al abogado Claudio Marcelo Vázquez, quien tiene el aval legal para subrogar.

Cabral denunció: “Mi remoción es ilegal e inconstitucional porque el Consejo no tiene las atribuciones para remover a un subrogante. La Magistratura tiene ciertas atribuciones para designar subrogantes pero no para removerlos”.

El Senado aprobó una lista de subrogantes en el segundo semestre del año pasado. La semana pasada se aprobó en el Congreso una nueva Ley de Subrogancias y en virtud de la misma el Consejo de la Magistratura cambió la conformación de Casación.

La oposición salió a coro a cuestionar el procedimiento acusando al gobierno de perpetrar una operación para evitar que el Memorándum con Irán fuese declarado inconstitucional por la última instancia judicial antes de la Corte Suprema. El fallo sobre el texto del entendimiento que involucraba a los involucrados en la investigación del atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires.

El gobierno justificó en el respeto a la institucionalidad la decisión del Consejo de la Magistratura de acomodar la conformación de la Cámara de Casación a la nueva Ley de Subrogancias.

Macri llamó a marchar contra el Gobierno

"Me parece que la sociedad se tiene que movilizar a oponerse a este tipo de arbitrariedad y me parece bien que se estén barajando amparos que impida que esto suceda", convocó este sábado el candidato presidencial opositor Mauricio Macri en una entrevista con radio Mitre, del Grupo Clarín, principal impulsor de las críticas por Cabral.

"No esta nada bien que permanentemente el Gobierno siga hostigando a la Justicia que tiene que ser un poder independiente. Nos parece bien la marcha del 14 (de julio). Nosotros vamos a adherir", dijo el jefe de Gobierno porteño.

El precandidato por Cambiemos y presidente de la UCR, Ernesto Sanz, montó un discurso proselitista sobre la crítica a la remoción: "La única manera de frenar esto es cambiar el gobierno en las elecciones para cambiar la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Todo lo demás es inocuo", dijo citado por La Nación.

Elisa Carrió, la otra pre candidata presidencial del espacio de Macri y Sanz, dijo que "la designación de subrogantes y la maniobra del oficialismo para apartar al juez Cabral es un gravísimo hecho de gravedad institucional, que tiene a la Presidenta como autora intelectual y que busca su impunidad, porque es la principal beneficiaria. También se intenta prorrogar por más tiempo la decisión sobre el Memorándum con Irán".

Carrió, quien hizo una presentación judicial, listó: "Violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad, violación de la necesaria división de poderes y de la independencia del Poder Judicial que conforman un verdadero ataque al orden constitucional son los cargos que imputamos en nuestra denuncia a la Presidenta y a miembros del Consejo de la Magistratura".

El establishment, la AMIA y la DAIA pidieron por Cabral

La AMIA y la DAIA, organizaciones de la comunidad judía reconocidas en el expediente, pidieron por la continuidad de Cabral. El abogado de las entidades, Miguel Bronfman, planteó que de correr a Cabral se afectaría "la garantía del juez natural en este proceso".

El pedido se suma al planteo que hizo el fiscal de Casación Raúl Pleé, que solicitó que el voto que Cabral ya emitió en la causa -y está guardado- sea tenido como válido e integrado a la decisión final que tome la Cámara.

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), comandada por los grupos Clarín y Techint, cabezas del ala más dura del establishment opositor al kirchnerismo, expresó que el desplazamiento de Cabral "afecta seriamente la independencia de la Justicia, pilar fundamental de la República y condición necesaria para el desarrollo económico y social de nuestro país".

IDEA, el instituto técnico de lobby del establishment, consideró que la decisión del Consejo de la Magistratura "afecta la estabilidad e independencia de los jueces nombrados conforme nuestra Constitución nacional".