Cinco condenados, un juicio en curso, el pedido de extradición de un prófugo refugiado en Italia y otro nieto recuperado es lo que dejó 2022 para Mendoza en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
El juicio que culminó en San Rafael es parte del proceso que se reinicio en 2006 de los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
En estos años fueron condenadas 1117 personas y 168 resultaron absueltas en 294 sentencias dictadas por tribunales de las diferentes jurisdicciones federales del país, de las cuales un 62% posee alguna instancia recursiva pendiente.
Esos datos corresponden a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que en su informe anual reveló que el tiempo de tramitación de las causas en la etapa de instrucción se mantiene estable, mientras que en la etapa de juicio ha disminuido levemente, reflejado en un aumento total de sentencias dictadas con respecto al año anterior
“Las demoras persisten, con algunos avances, en la faz recursiva contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”, sostiene el documento. Por otro lado, pone de relieve que, en relación con las personas juzgadas, se observa que continúa la tendencia en baja del número de detenidas, consolidándose el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante desde el año 2016.
Informe Explícito: el proceso de Memoria en Mendoza y el país
El Nieto 131
La última noticia fue dada por Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron restituir la identidad del Nieto 131, hijo de Lucía Nadín y Aldo Quevedo, una pareja de mendocinos que se conoció en la Facultad de Filosofía y Letras y fue secuestrada en Buenos Aires entre septiembre y octubre de 1977.
El Nieto 131 es hijo de una pareja de estudiantes de Mendoza secuestrados en Buenos Aires
Con la recuperación de la identidad del Nieto 131, se resolvió otro de los casos de bebés robados que vivían bajo una falsa identidad. Anteriormente, con investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo se recuperó la identidad de Rebeca Celina Manrique Terrera, Claudia Domínguez y Miriam Poblete Moyano.
El hallazgo de Manrique Terrera, Domínguez y Poblete Moyano tuvo consecuencias judiciales, ya que implicaron procesamientos para jueces y fiscales que omitieron investigar el destino de sus padres, así como condenas a sus apropiadores en sendos juicios de lesa humanidad realizados en Mendoza.
Resta determinar el destino de los hijos o hijas de María Inés Correa Llano y Carlos Ángel Jakowcyk, Olga Roncinelli y de Adriana Irene Bonoldi y Marcelo Guillermo Carrera.
Juzgados por crímenes en San Rafael
Durante 2022 tribunales de todo el país dictaron 21 sentencias en juicios de lesa humanidad, entre las cuales se cuenta el veredicto en el juicio realizado en San Rafael, que culminó a principios de noviembre con cinco condenados y un absuelto.
Los cinco implicados cumplieron tareas en la denominada “sub-zona 33-15" de San Rafael y fueron considerados responsables por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. El debate abarcó los casos de 25 víctimas y fue el cuarto debate realizado en el sur mendocino, y el decimoprimero en todo Mendoza (hay un juicio que está en curso).
Uno de los momentos salientes del juicio fue el pedido del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)para que la Justicia que ordene al Ejército, la Policía de Mendoza, la Federal, la Iglesia Católica, el Registro Civil, entre otras instituciones, que implemente acciones de búsqueda para hallar los cuerpos de desaparecidos durante la dictadura, así como los nietos y nietas que aún falta encontrar.
El MEDH pidió que el Ejército, la Policía y la Iglesia busquen a los desaparecidos en la dictadura
Además, se encuentra en curso el noveno juicio por delitos de lesa humanidad, que está en su tramo final. En ese proceso se investigó por primera vez al Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea como parte del aparato organizado de poder.
Pericias para el sacerdote prófugo
El 22 de diciembre la Corte de Apelaciones de Bolonia, Italia, pidió pericias médicas para determinar si el sacerdote Franco Reverberi Boschi -que tiene 83 años y aún da misa en Parma- está en condiciones de ser extraditado a Argentina para juzgarlo por su participación en crímenes de lesa humanidad en San Rafael.
Reverberi se profugó a Italia -su país natal- en 2011, luego de que se iniciara en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2010, donde testigos lo ubicaron en "La Departamental". El cura fue señalado por varios sobrevivientes como partícipe en las sesiones de torturas a presos políticos.
En el 2013, Argentina presentó el primer pedido de extradición y denunció a Reverberi por tortura, pero la Corte de Bolonia, primero (2013), y la Corte Suprema de Casación, después (2014), consideraron que la presentación "carecía de fundamento".
El Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo establece que, para dar lugar al requerimiento, el delito tiene que estar reconocido en la legislación de ambos países, y en aquel momento no existía el tipo penal para la tortura en Italia.
Pero a partir de 2017, la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal y en 2020 Argentina volvió a iniciar un nuevo pedido.
