Personas con discapacidad, miembros de organizaciones y prestadores de servicios realizaron estemartes una caravana y concentración en el Parque Central de Mendoza, donde reclamaron por el fin del ajuste a la discapacidad, que alcanza pensiones, transporte para chicos discapacitados y pago a las obras sociales, entre otros ítems que fueron recortados como parte de un plan de achique exigido por el Fondo Monetario Internacional.
“Las posibilidades de establecer algún tipo de acuerdo con los funcionarios responsables del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que permita a las instituciones, a los transportistas y a los profesionales seguir prestando servicio, son cada vez más lejanas”, denunciaron.
Aseguraron también que “en relación al atraso en los pagos por la atención brindada, principalmente de Incluir Salud (ex PROFE dependiente del Gobierno Nacional); cada promesa ha sido incumplida, incluso las asumidas públicamente por la Vicepresidenta de la Nación”.
La situación de los pagos es irregular: a algunas Instituciones se les deben 6 meses, a transportistas se les debe en su mayoría todo el año 2018 y a todos se les debe el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017, según puntualizaron. Esta situación afecta situaciones cotidianas como trasladarse a las escuelas o a un hospital, que hasta ahora no han sido recortadas por completo debido a la voluntad de quienes brindan este servicio de este sector por completo vulnerable.
Las deudas de los diversos organismos que deben pagar por la atención brindada han llevado a que algunos estén atrasados en los pagos de sueldos, aportes a la AFIP de los trabajadores, pagos a proveedores de alimentos, imposibilidad de comprar insumos que les permitan funcionar (combustible para el transporte por ejemplo).
La Superintendencia de Servicios de Salud, organismo responsable de administrar el fondo solidario de las Obras Sociales Sindicales que se conforma con un porcentaje de los aportes de los trabajadores en blanco y con el cual se cubren diversas prestaciones que las Obras Sociales brindan, llegan comentarios preocupantes sobre la cobertura de las prestaciones en discapacidad.
También reclamaron por la falta de otorgamiento de pensiones y la amenaza del Gobierno Nacional de suspender miles de pensiones más, a quienes presenten “incompatibilidad”, a través de una resolución dada a conocer hace unas semanas.
Hay 180.000 pensiones que han llegado a la etapa final del circuito de auditoría, pero sin embargo no han sido asignadas, señalaron. "Esto también impide que el sector más vulnerable pueda acceder a sus derechos. El otorgamiento de esa pensión no contributiva es condición para el acceso al programa Incluir Salud, que debiera garantizar el ingreso a las prestaciones", cerraron.
