El Estado argentino mantendrá una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que Mendoza estará en el foco de atención ante el intento de Rodolfo Suarez de modificar la ley que creó el Comité de Prevención de la Tortura para quitarle poder de control a las organizaciones civiles y de Derechos Humanos.
Será el próximo 23 de julio en Washington y se tratará el Caso 12.532 sobre las Penitenciarías de Mendoza, cuya solución amistosa incluía la conformación de un mecanismo local de prevención de la tortura y la creación de la figura de la procuración de las personas privadas de la libertad.
Suarez, con una idea que presentó su antecesor, Alfredo Cornejo, pretende modificar los mecanismos de elección del procurador de las personas presas y reducir la cantidad de miembros de la sociedad civil y de organismos de DD.HH de 12 a 1, alterando además la injerencia del Gobierno en el Comité. Es decir pretende que el que debe ser controlado tenga poder de decisión sobre el organismo que debe controlarlo.
"Las políticas regresivas en la materia podrían considerarse una falta al acuerdo suscripto en el año 2008", señalaron en un comunicado los abogados que acudirán a la audiencia.
Con la modificación de la ley 8284, los estándares internacionales que Argentina asumió ante la CIDH para la creación del comité serían violados. "Por este motivo se hará expresa en esta instancia internacional la oposición a ese proyecto de ley", señalaron los abogados en un comunicado.
De la audiencia participarán el representante del Estado argentino, Javier Salgado; y los abogados peticionantes Pablo Salinas y Diego Lavado. La provincia de Mendoza también estaría presente con un representante a la reunión.
La historia de la creación del Comité
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura surgió de un acuerdo entre el Estado Argentino y la CIDH por las denuncias a violaciones de los DD.HH en penitenciarías de Mendoza, entre ellas torturas y tratos crueles a internos de la Penitenciaría de Mendoza y del penal San Felipe.
"Los peticionarios dejan constancia que tanto los encausados como loscondenados se encuentran en permanente riesgo de sufrir graves ataques contra su integridadfísica y su vida, riesgo que se ha visto materializado con repetidos hechos de violencia que hanresultado en una serie de heridos y muertos", resaltó en su informe la CIDH.
En otro tramo:
Los peticionarios sostuvieron que la Dirección del establecimiento facilitapermanentes ingresos de un denominado “cuerpo especial de la Policía de Mendoza", conformado por personas encapuchadas y acompañadas de perros entrenados para amedrentary lesionar a los internos".
La situación de hacinamiento y violencia institucional en los penales de Mendoza era tal que, además de instar a las autoridades a separar condenados de procesados y adecuar las condiciones de encierro, ordenóla creación del CPPT para controlar el cumplimiento de las medidas y vigilar al Estado en la ejecución de las políticas de encierro.
Este es el informe con el acuerdo que suscribió Argentina ante la CIDH para la creación del Comité de Prevención de la Tortura en Mendoza:
