La agitación social que provocó el derribo de la Ley 7722 -traducida en una pueblada masiva en todos los puntos cardinales de Mendoza- tiene otra arista: la avanzada judicial contra los vecinos, asambleístas y agricultores que participaron en las protestas.
Un vecino de San Carlos que participó activamente de las protestas y a través de las redes sociales en defensa de la ley que prohibía el cianuro y otros tóxicos en la minería fue citado a la comisaría 18 por "instigación pública a cometer delitos determinados".
La situación fue revelada este sábado por el diputado provincial de Protectora Mario Vadillo, quien dijo que iniciará gestiones para pedir "la información necesaria para evitar la criminalización de los manifestantes".
Denuncia de citación judicial para un vecino de San Carlos que había participado en redes sociales y personalmente #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia
Desde la comisión de DyG de Diputados pediremos la información necesaria para evitar la criminalización de los manifestantes. pic.twitter.com/lYB53l1ppK— Mario Vadillo 📢 (@mnvadillo) December 28, 2019
La avanzada judicial es una de las cartas que guardaba el gobierno para implementar la semana del tratamiento de la ley, pero ante la masividad de las protestas la dejó para jugarla en una mano más conveniente.
La Fiscalía 1 de la capital provincial tomó imágenes de los manifestantes en las afueras de la Legislatura para proceder con posterioridad. Este medio pudo saber que la intención del Ministerio Público, altamente dependiente del gobierno radical, es avanzar en el llamado a indagatoria de algunos manifestantes. Esa acción se postergó la semana en que se trató el derribo de la Ley 7722 para evitar caldear más el clima en la previa de las sesiones.
Sin embargo, la avanzada comenzó, y comenzó por una de las localidades más activas contra el uso de tóxicos en la minería, San Carlos. Es el Valle de Uco uno de los bastiones de resistencia a la mega minería contaminante, que en los últimos 15 años salió a las calles, rutas y plazas de los pueblos a manifestarse.
El Gobierno Provincial tiene en sus manos una herramienta diseñada para criminalizar los manifestantes: el Código Contravencional, por el cual puede mandar al calabozo o multar a todo el que se interponga en su plan de darle pista a las mineras. De hecho, el sobrino de Suarez e intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, ya intentó intimidar a los manifestantes multándolos por cortar las calles con el reclamo.
Las protestas, por ahora, son más fuertes que el espíritu punitivista que late en el Gobierno, a la espera de aplicación.
